Más de 700 niños migrantes siguen en custodia de las autoridades de Estados Unidos y no fueron reunidos con familiares antes de este jueves, como lo ordenó un juez federal.

Los menores forman parte de un segundo grupo de 2 mil 551 niños y adolescentes de entre cinco y 18 años, de los que mil 820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.

El juez Dana Sabraw dispuso hace un mes un plazo para que entre 2 mil 500 y 3 mil niños fueran entregados a sus padres: primero los menores de 5 años, y luego los de 5 a 18.

El Departamento de Justicia indicó el jueves, en un balance entregado a la corte, que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” serían entregados a sus familias antes de que terminara el plazo legal, a la medianoche en Los Ángeles.

De los mil 820, mil 420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

“El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que introdujo la demanda en San Diego que llevó a Sabraw a fijar el plazo.

En ese informe legal, ACLU fijó posición. Destacó que “según los propios datos de la defensa, docenas de niños separados aún no han sido emparejados con un padre y cerca de mil padres permanecen separados de sus hijos. Esto incluye a casi 500 padres que fueron expulsados del país, muy probablemente sin sus hijos”.

Esos indocumentados deportados (431) forman parte del grupo con el que no se pudieron reunir 711 niños “no elegibles”, que implica también que los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.

Según el DOJ, los padres de 120 niños decidieron la no reunificación.

Este balance será discutido en una audiencia el viernes en San Diego y si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, podría declararlo en “desacato” y sancionarlo.

Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo, eran detenidos y procesados en masa. En consecuencia, miles de niños fueron separados de sus padres o tutores y enviados a albergues en todo el país.

Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente tras la difusión de un audio -presuntamente obtenido en un albergue- en el que se escucha a niños pequeños llorando y llamando a sus padres, que en su mayoría migraron para huir de la violencia de las pandillas en América Central.

El gobierno de Trump anunció el fin de esa política tras aplicarla por seis semanas, permitiendo la reunión de cientos de familias.

Los Angeles, Estados Unidos | AFP