Iguala: Acusan que alcalde busca usar a la policía para silenciar críticas
La manifestación en el Ayuntamiento de Iguala reunió a reporteros y fotógrafos que exigieron retirar la reforma por considerar que afecta el ejercicio del periodismo en Guerrero
La reforma al Bando de Policía de Iguala fue señalada por periodistas como un posible mecanismo para sancionar críticas en redes sociales, lo que generó una protesta en el Palacio Municipal ante el riesgo para la libertad de expresión
Periodistas de la Zona Norte de Guerrero realizaron una manifestación este martes en el Palacio Municipal de Iguala para exigir la cancelación de una propuesta de reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, impulsada por el alcalde Erik Catalán, la cual —según comunicadores— podría permitir sanciones y arrestos administrativos contra ciudadanos y reporteros que critiquen a funcionarios en redes sociales.
La protesta se llevó a cabo como respuesta a una iniciativa que busca facultar a la autoridad municipal para castigar a quienes, a criterio del Ayuntamiento, “dañen la honorabilidad” de servidores públicos mediante publicaciones digitales, lo que generó preocupación entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión en Iguala.
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¿En qué consiste la reforma al Bando de Policía?
De acuerdo con la información difundida por los manifestantes, la propuesta contempla amonestaciones públicas, multas y arrestos administrativos, lo que implicaría que la policía municipal de Iguala podría detener a personas por expresiones consideradas ofensivas hacia funcionarios, sin que el caso sea analizado previamente por un juez civil.
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Los periodistas señalaron que este tipo de medidas trasladarían conflictos relacionados con el derecho al honor y la difamación —tradicionalmente atendidos en tribunales civiles— al ámbito administrativo municipal, lo que podría contravenir el marco legal vigente.
Durante la protesta, comunicadores, reporteros y fotógrafos advirtieron que la iniciativa representa un riesgo para el ejercicio del periodismo en Guerrero, al abrir la puerta a sanciones discrecionales contra publicaciones críticas o denuncias sobre la gestión pública.
Alejandro Aparicio, representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), afirmó que la reforma podría vulnerar derechos constitucionales al permitir que la autoridad municipal sea quien determine qué contenidos son ofensivos y, al mismo tiempo, ejecute sanciones mediante la fuerza pública.
Durante la manifestación, algunos periodistas expresaron que la propuesta surge en un contexto de señalamientos públicos e investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la administración municipal. Según los comunicadores, la reforma podría funcionar como un mecanismo para inhibir la crítica y desalentar la difusión de información incómoda para el gobierno local.
No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme esta relación, y el tema continúa generando debate entre autoridades, periodistas y organizaciones civiles.
Tras el análisis del contenido, el cabildo de Iguala determinó no aprobar la modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno, al considerar que la propuesta excedía las atribuciones del reglamento municipal. Con esta decisión, la iniciativa quedó detenida, al menos de manera temporal.
El caso ha reavivado la discusión sobre los límites de la regulación municipal, el uso de la policía local, y la protección de la libertad de expresión en México, especialmente en contextos de crítica al poder público.
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