Con base en un decreto de nacionalización publicado durante el Porfiriato, el actual gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) buscan apropiarse de varios inmuebles en Santa Fe, sin pagar un solo peso de indemnización.

No es mediante declaratorias o decretos presidenciales de expropiación como pelean las propiedades, sino a través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y de carpetas de investigación del área de terrorismo de la FGR.

Se trata de una franja en la que hoy inicia la zona de alta plusvalía de Santa Fe, con locales comerciales, gasolineras, pensiones y condominios de más de 20 pisos, la mayoría habitados y altamente cotizados.
El área que, por ahora, buscan transferir a la federación es colindante al predio en el que la FGR construye el Parque Nacional de la Justicia, su nueva sede.

Aunque algunas de las inmobiliarias ya vendieron desde hace años los departamentos y están desvinculadas de los edificios, a sus apoderados legales les han llegado citatorios de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, precedidos de operativos de aseguramiento.

En todos los casos, el planteamiento de la fiscalía ha sido el mismo: los propietarios deben devolver los inmuebles, sin más, porque conforme a un acuerdo suscrito el 30 de octubre de 1907 por Olegario Molina Solís, secretario de Fomento, Colonización e Industria de Porfirio Díaz, son propiedad de la federación.
El decreto es previo a la Constitución de 1917, año en que el Presidente Venustiano Carranza reconoció el derecho de propiedad de los ocupantes.

Algunos de los vecinos y representantes de los propietarios expresaron su preocupación por lo que consideran un ataque a la propiedad privada.

Dentro de la superficie del decreto hoy se encuentran la Universidad Iberoamericana, el Centro Comercial Santa Fe y decenas de edificios corporativos y condominios de lujo.

“Si nos van a quitar nuestras propiedades con el decreto de 1907, pues tienen que aventarse una expropiación desde Contadero hasta Los Pinos, no pueden ser selectivos con la ley, y quiero ver que se avienten el tiro contra todos esos propietarios, que son miles”, dijo uno de los vecinos.

Hasta ahora, la fiscalía ha girado los citatorios a los apoderados de Inmobiliaria F4, Jagui Inmuebles, Grupo Empresarial Core, Operadora Aguesu y la sucesión de Juana Reséndiz Vázquez.

El Indaabin también demandó por la vía civil anular los derechos de propiedad de un fideicomiso del que en 2017 formaba parte Enrique Gerardo Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.

También reclamó cancelar la venta de un predio que hizo el 3 de noviembre de 2011 la sucesión testamentaria de María Elodia Romero Miranda a Recidence L´heritage.

Martha Martínez, Azucena Vásquez y Claudia Salazar I Agencia Reforma