Tras dos años de reclusión en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Norte, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, recibió un giro en su situación legal.

Hoy, un juez federal canceló su prisión preventiva justificada, otorgándole la medida cautelar de arresto domiciliario. Esta decisión marca un cambio significativo en el curso del proceso legal que enfrenta Lozoya por el caso Odebrecht, donde se le acusa de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El juez encargado, Juan Pedro Contreras Navarro, ordenó que Lozoya Austin vuelva a portar un brazalete electrónico para ser monitoreado de cerca y se le exija presentarse a firmar cada 15 días. Además, la vigilancia del inmueble donde cumplirá su arresto domiciliario estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional, asegurando un control riguroso sobre su situación.

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Sin embargo, la decisión del juez ha generado controversia y descontento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR, representada por el fiscal, ha expresado su inconformidad, argumentando que esta medida ignora el hecho de que Lozoya Austin fue detenido en España tras fugarse. Señaló también a jueces y magistrados, acusándolos de otorgar privilegios procesales injustificados al exdirector de Pemex.

En respuesta a esta situación, la FGR anticipa la presentación de un recurso de revisión, buscando revertir la decisión del juez y asegurar que se haga justicia en el caso de Lozoya Austin. El fiscal resaltó que, hasta la fecha, el exdirector de Pemex no ha ganado ningún juicio frente a la FGR y denunció la exclusión de pruebas obtenidas legalmente en Brasil y Suiza, a través de tratados internacionales.

Este nuevo capítulo en el caso Lozoya Austin evidencia las tensiones entre el poder judicial y la fiscalía, así como la complejidad y la importancia de la lucha contra la corrupción en México.