La noche de este martes, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, salió del Reclusorio Norte tras más de dos años de reclusión por su vinculación en los casos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados.
La liberación se dio como resultado de la resolución del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quien concedió la libertad provisional a Lozoya al considerar que no representa un riesgo de fuga.
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La Fiscalía General de la República (FGR) reaccionó señalando que la liberación de Lozoya es un privilegio otorgado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Manuel Granados Quiroz, fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, afirmó que Lozoya no ha ganado ningún juicio presentado por el Ministerio Público de la Federación y que solo ha obtenido “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados” por parte de los jueces.
Granados Quiroz acusó a los jueces de excluir pruebas lícitamente obtenidas por la Fiscalía en Brasil y Suiza, a través de tratados internacionales válidos, violando los convenios respaldados constitucionalmente.
Afirmó que las decisiones judiciales han sido parciales e ilegales, mencionando específicamente al Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y a los Magistrados de los Tribunales de Apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro.
Bajo las condiciones de su liberación, Lozoya deberá portar un brazalete electrónico, firmar periódicamente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y, aunque podrá transitar libremente en la zona metropolitana, se le prohíbe abandonar el país.
Cabe recordar que Emilio Lozoya ingresó al Reclusorio Norte el 3 de noviembre de 2021 por su implicación en el caso de corrupción Odebrecht. La decisión judicial ha generado controversia y reavivado el debate sobre la efectividad y transparencia del sistema judicial en México.
