Prisión preventiva automática se endurece: delitos de extorsión y fentanilo se suman al catálogo

La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o “automática” entró en vigor este 1 de enero, luego que el Gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma aprobada por el Congreso en noviembre pasado.

En la edición vespertina del DOF, la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, publicó el decreto que contiene la reforma al artículo 19 de la Constitución.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta en la primera etapa del proceso penal, que implica el encarcelamiento automático para personas señaladas ante el ministerio público de cometer algún delito contenido en el artículo 19 constitucional.

Una persona a la que se le aplique esta medida no ha sido declarada culpable, aún no hay pruebas contundentes contra ella ni se confirma que representa un riesgo. Sin embargo, tendrá que continuar todo su proceso en prisión.

Ahora, con esta reforma al artículo 19 de la Constitución, se añadió que quien sea acusado de usar facturas falsas, de extorsión o delitos relacionados con el fentanilo, se les impondrá la medida de prisión preventiva oficiosa.

“El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, se lee en el decreto publicado en el DOF.

 

Con la publicación de este decreto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-México) reiteró que la medida de prisión preventiva oficiosa “debería eliminarse” porque es “una detención arbitraria”.

“Ante la publicación en el DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa, reafirmamos que esta figura contraviene DerechosHumanos. La Prisión Preventiva Oficiosa, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una #DetenciónArbitraria”, publicó ONU-México en su cuenta de X.

Ahora el Congreso de la Unión tendrá hasta 180 días a partir del 1 de enero para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido de este decreto.

Mientras que las legislaturas de los estados del país deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación.

Animal Político

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