¿Qué hay detrás de las empresas sancionadas por Estados Unidos? La relación con “Los Chapitos”
Siete firmas ligadas a “Los Chapitos” proveyeron materiales de laboratorio a universidades y gobiernos estatales del noroeste.
Una red de empresas sancionadas por EU continúa operando en México pese a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Estas compañías, señaladas por presuntamente proveer precursores químicos al Cártel de Sinaloa, mantienen contratos vigentes con dependencias gubernamentales, universidades y centros de investigación del noroeste del país.
El reporte de la OFAC, emitido el 6 de octubre de 2025, identificó a 12 personas morales y ocho físicas vinculadas a la facción de “Los Chapitos”, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Contratos públicos y universidades beneficiadas
De acuerdo con una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, siete de las 12 empresas sancionadas por EU han obtenido 630 contratos con instituciones públicas desde 2018 hasta el primer semestre de 2025, por un monto total de 35.7 millones de pesos.
Entre las instituciones que realizaron compras destacan la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora, Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico de Sonora. La mayoría de las adquisiciones fueron por adjudicación directa, las compañías involucradas son Comercial Viosma del Noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV.
Centros de investigación y dependencias federales
Los contratos no se limitaron a universidades. Centros de investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), como el Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), también aparecen entre los beneficiarios.
El CIAD, ubicado en Mazatlán, destinó más de 6.1 millones de pesos a Storelab y Sumilab en 70 contratos entre 2021 y 2024. La OFAC considera a Storelab una filial directa de Sumilab, sancionada desde 2023.
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Operaciones con gobiernos estatales
El gobierno de Sinaloa contrató a varias de estas empresas sancionadas por EU mediante la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Infraestructura Física Educativa y el Sistema DIF estatal. En Baja California Sur, se realizaron compras similares a través de la Secretaría de Salud y el Organismo Operador de Agua Potable de La Paz.
En Sonora, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Estatal y la Secretaría de Ciencia e Innovación también adquirieron productos de laboratorio y químicos a estas empresas.
En mayo de 2023, Sumilab fue sancionada por primera vez. Tras ello, la familia Favela López —señalada por dirigir la red— modificó los nombres e imagen de sus compañías, pero continuó participando en licitaciones públicas. La OFAC sostiene que esta estructura opera bajo la facción de “Los Chapitos”, responsable del tráfico de precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetamina.
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