Un juez federal declaró inconstitucional el Decreto Presidencial de 2020 para eliminar el uso del herbicida glifosato y el maíz transgénico en México a más tardar en 2024.

Francisco Javier Rebolledo, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió este martes un amparo a la empresa Monsanto, inventora del glifosato y filial del gigante alemán Bayer, contra el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 31 de diciembre de 2020.

La sentencia del amparo 313/2021, que sólo beneficia a Monsanto, establece que el Decreto carece de fundamentación y motivación legal y no explica las razones para alegar riesgos a la salud derivados del maíz transgénico o del glifosato, el herbicida más usado por la industria agrícola mundial.

El Gobierno tiene diez días para impugnar el amparo ante un tribunal colegiado de circuito, que será la última instancia, salvo que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso.

 “El Decreto no precisa ni identifica cuáles investigaciones se han realizado, omitiendo fechas y científicos o instituciones; de igual manera que se omitió citar los países donde se sostenía tal criterio, y mucho menos se indica cuáles instituciones mexicanas realizaron los estudios pertinentes para llegar a la conclusión que el glifosato es una sustancia que puede causar daños graves a la salud”, dice el fallo en relación con el herbicida, que existe desde 1974.

 Del maíz transgénico refiere que ni siquiera se hizo alusión a algún estudio o investigación que pudiera sustentar que tiene efectos nocivos.

 “Es claro que el Decreto no funda ni motiva las decisiones adoptadas en él, pues no se exponen las circunstancias particulares basadas en evidencia científica, ni razonamiento específico para concluir que el uso del glifosato es nocivo para la salud humana y de animales, y que el maíz genéticamente modificado afecta la seguridad y la soberanía alimentarias”, sostuvo el Juez.

También destacó que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, vigente desde 2005 y no mencionada en el Decreto, incluye medidas de control y evaluaciones de riesgo para liberación de transgénicos, acordes con el principio de precaución de los tratados internacionales sobre biotecnología.

En el Decreto se pretende que el glifosato sea reemplazado por “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra”.

El amparo también abarca un oficio de mayo de 2021, por el que se negó a Monsanto permiso para importar 6 mil 65 toneladas de glifosato en diversas presentaciones, pese a que cuenta con registro sanitario vigente hasta mayo de 2026.

Cabe mencionar que, en octubre de 2020, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos (EPA) extendió por cinco años su autorización al glifosato, pues no encontró evidencias de que provoque daños a la salud.

Pero Monsanto y Bayer anunciaron en julio de 2021 que dejarán de vender la marca Roundup, para uso en jardines residenciales, por el que las empresas enfrentaron demandas por casos de cáncer en Estados Unidos, y aceptaron pagar 10 mil millones de dólares para ponerles fin.

La siembra de maíz transgénico en México está suspendida desde 2013, por una acción colectiva ante un juzgado civil, pero el País es el mayor importador mundial de maíz, buena parte del cual viene de Estados Unidos y es genéticamente modificado.

Víctor Fuentes | Agencia Reforma