Una asfaltadora adquirida con sobreprecio hace 12 años por el gobierno de Naucalpan, Estado de México, volvió a ser utilizada para presuntos desvíos de recursos públicos y no para arreglar los baches en las calles de uno de los municipios más industrializados del país.
Funcionarios del gobierno de la exalcaldesa Patricia Durán (Morena, 2019-2021), ahora son investigados por el desvío de recursos que debieron gastarse en la compra de combustibles para rehabilitar la recicladora de asfalto.
En 2009, la administración del presidente municipal panista José Luis Durán, hermano de Patricia, adquirió la recicladora de asfalto por 50 millones de pesos para pavimentar hasta 3 mil 500 metros cuadrados de superficie por día.
Pero la maquinaria no ha sido utilizada desde entonces. El equipo permaneció arrumbado en un predio conocido como La Victoria, hasta que el gobierno de Patricia Durán ordenó rehabilitarlo.
Entre 2020 y 2021 se destinaron 6 millones de pesos para comprar piezas importadas y combustible para hacer pruebas, pero especialistas contratados por el anterior ayuntamiento confirmaron que funcionarios municipales falsificaron sus firmas para justificar la supuesta compra de 30 mil litros de diésel y gas LP hasta por 3 millones de pesos, el cual no recibieron.
“Inventaron los suministros de gas”, denunció Víctor Gómez, de la empresa Angelo Benedetti INC, uno de los extrabajadores contratados.
“Nos suministraron gas a cuentagotas para hacer las pruebas pero falsificaron las firmas de mi jefe, Víctor, para pagar las facturas del gas y el diésel”, indicó el extrabajador Arturo Flores.
Marco Delgado, director general de Servicios Públicos de la actual administración, otra vez del PAN, confirmó que no se les entregaron bitácoras de mantenimiento de la recicladora ni del combustible que aseguraron haber adquirido.
“Hay una investigación en la Contraloría y una denuncia presentada por el tema del gas, pues no hay ni información técnica de que haya sido quemado”, dijo.
El anterior director de Servicios Públicos de Naucalpan, Carlos Trujillo, hoy segundo síndico por Morena, fue quien autorizó el mantenimiento a la planta y el falso suministro de combustible, según
la indagatoria.
En 2010, la planta ya había sido objeto de una primera investigación porque presuntamente se adquirió hasta 17 millones de pesos arriba de su precio real; en aquel entonces Naucalpan intentó, sin éxito, rentar el equipo.
Alejandro León | Agencia Reforma
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