La iniciativa ingresó al Congreso de la Unión y propone condiciones particulares para el uso de pozos y manantiales con fines recreativos y terapéuticos

Representantes de los balnearios en el Valle del Mezquital entregan proyecto de reforma en el Congreso de la Unión | Foto: Especial
Una comitiva formada por representantes de balnearios del Valle del Mezquital acudió al Congreso de la Unión para entregar un proyecto de ley elaborado por cooperativistas y comunidades indígenas de distintas regiones de Hidalgo. El documento busca modificar la normativa relacionada con el uso de aguas nacionales en actividades turísticas y sociales.
El planteamiento propone la reforma de los artículos 82 y 88 de la Ley de Aguas Nacionales, actualmente analizados en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. De acuerdo con los integrantes del sector de balnearios, la iniciativa define criterios específicos para el aprovechamiento de aguas termales utilizadas con fines recreativos, terapéuticos y turísticos.
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El proyecto señala que los centros de balnearios que empleen pozos y manantiales bajo un esquema de uso de paso no requerirían concesiones. Esta disposición aplicaría siempre que las unidades de servicio utilicen volúmenes sin desviar cauces y respeten las condiciones naturales del recurso.

La comitiva estuvo encabezada por José Luis Castro Gómez, presidente de la Asociación de Balnearios del Valle del Mezquital. El dirigente informó que el documento ya se encuentra en manos de la comisión correspondiente y confió en que sea incorporado en el dictamen definitivo de la reforma.
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Durante el encuentro, los representantes de los balnearios destacaron que la operación de estos espacios constituye una fuente de empleo en la región y forma parte de las actividades económicas de las comunidades. Por ello, solicitaron que cualquier modificación legal considere la naturaleza de las empresas sociales que administran los complejos turísticos.
Con la entrega formal del proyecto, los balnearios del Valle del Mezquital esperan que la reforma brinde certidumbre jurídica y facilite la operación de centros que funcionan como espacios turísticos y de convivencia social en la región.
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