El presidente municipal interino de Nopala de Villagrán, Jesús Rivera Medrano, explicó que el despido de funcionarios de la alcaldía se dio en razón de actos de corrupción y no como un asunto de destituciones injustificadas, como se ha denunciado públicamente.
“Muchos de ellos incumplieron con las reglas. A la trabajadora de licencias y permisos la corrimos porque le pedía moches a toda la plaza, por corrupta; a otros compañeros que estaban ahí los tuvimos que cesar por lo mismo”, sostuvo el edil.
El mandatario rechazó que los extrabajadores que han hecho públicas sus inconformidades por los despidos tengan relación con una destitución injustificada; además, aseguró que todos están vinculados con actos indebidos dentro de la administración municipal.
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Por su parte, la organización Frente Unidos por Nopala evidenció que un grupo de exfuncionarios fueron cesados de manera indebida y explicó que el presidente municipal “está utilizando el poder para afectar a terceros”.
Mateo Zamudio, integrante de la asociación, dijo que existe un trabajador que fue destituido solo porque señaló públicamente que se estaba utilizando maquinaria del municipio para hacer trabajos dentro de un rancho propiedad del diputado Cuauhtémoc Ochoa.
“No es posible el despido injustificado de funcionarios, no todos tenían que irse; los corre porque hicieron señalamientos”, sostuvo el activista.
DATOS
Aunado a los despidos injustificados, Mateo Zamudio, de Frente Unidos por Nopala, declaró que existen quejas por parte de funcionarios del ayuntamiento por sueldos menores al salario mínimo
Por ello aseveró que existe una situación de “ingobernabilidad”, tras una manifestación de trabajadores sindicalizados municipales
Antonio Reyes | Nopala de Villagrán
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Durante la conferencia de prensa matutina que el miércoles ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se denunció el supuesto despojo de al menos 500 hectáreas en el ejido El Paraíso, del municipio Tulancingo.
Esteban Durán, quien dijo ser periodista del medio Vanguardia, en Veracruz, explicó que lo anterior derivó de presuntos abusos y “maniobras legaloides”, por lo que los afectados solicitan apoyo al gobierno de la República para solucionar este conflicto, que data de la década de los 70.
