Intercambian acusaciones grupos en conflicto de La Cruz Azul, en Tula

Los dos grupos que se disputan el control de la cementera La Cruz Azul, en Tula, intercambiaron acusaciones a través de respectivos comunicados.

A través de misivas emitidas hacia la opinión pública, medios de comunicación y dirigidas a los tres niveles de gobierno, el bando encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel informa que, por la omisión de las autoridades, a partir del 1 de febrero, se suspenderá el pago de salarios a 2 mil 812 trabajadores.

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¿Qué declararon los grupos en conflicto de La Cruz Azul en sus comunicados?

Refieren que durante tres años ininterrumpidos se le ha pagado su sueldo a los empleados, a pesar de que la fábrica de cementos La Cruz Azul, en Tula, se mantiene inactiva, ante la toma del inmueble por parte de un grupo de personas; para ello, aseguran, se han dispersado 3 mil millones de pesos.

Además, se siguen solventando los créditos que la Cruz Azul tiene con diferentes instituciones, que ascienden a 200 millones de dólares, para mantener la línea 10 de producción, instalada en la planta de Hidalgo.

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Además, sin mencionar nombres, asevera que las órdenes de aprehensión contra quien o quienes tienen tomada la cementera La Cruz Azul no han sido ejecutadas por falta de colaboración de las autoridades estatales, lo que abona al alargamiento del conflicto.

Velázquez Rangel sostiene que, una vez recuperada la planta, están dispuestos a recibir a los trabajadores que se quieran reintegrar y que hayan sido ajenos al conflicto.

Asimismo, condenan la falta de apoyo en materia de seguridad del estado y municipio, para garantizar la conservación de las instalaciones de La Cruz Azul, que, afirma, generan más de 60 mil empleos en el país, los cuales, no se pueden concretar por la falta de acción y voluntad del estado y el municipio.

En contraparte, el grupo de Federico Sarabia asegura que son Víctor Manuel Velázquez y la disidencia quienes actúan ilegalmente y que, en vista de que ya ven perdido el conflicto que mantienen por la vía legal, quieren hacer creer a la opinión pública y a la presidenta Claudia Sheinbaum que son ellos quienes tienen la razón.

Finalmente, acusa que desde hace tres años dejaron sin empleo a más de mil trabajadores de la planta y advierte que la desesperación por la falta de ingresos a otras 2 mil 800 personas fomentará un clima de agresión contra su contraparte de Hidalgo, por lo que responsabilizan a Velázquez Rangel y a la disidencia de lo que pueda ocurrir.

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