Elementos de la Policía estatal, adscritos a la Delegación Regional Tula, junto con una empresa de grúas, con razón social Zavala, son investigados por las secretarías de Movilidad y Transporte (Semot) y de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) por su probable participación en una red de corrupción en agravio de conductores de unidades de transporte público.

De acuerdo con operadores consultados, quienes prefirieron no ser identificados, dichos uniformados y la firma actuaban “en contubernio” para fabricar cargos a los trabajadores del volante, a fin de obtener ganancias económicas.

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El asunto fue denunciado en días pasados y ya está en la etapa de integración en las contralorías internas de ambas dependencias, por lo que tanto los policías como los permisionarios de las grúas serán requeridos en fechas a confirmar; en caso de negarse, los agentes serían despedidos, además de que se cancelaría el permiso a la empresa.

Como prueba de los hechos ilícitos antes mencionados, en una de las querellas se mencionó que, la noche del 19 de septiembre pasado, un taxista que transitaba en la zona de las dos secciones de El Llano fue interceptado por elementos de la Policía estatal y lo acusaron de maniobrar en estado de ebriedad, cuestión que fue falsa.

Además, se describió que los representantes de la autoridad de la entidad se negaron a hacerle al operador la prueba del alcoholímetro, a pesar de que lo anterior se encuentra establecido en el artículo 71 de la Ley de Transporte y Movilidad en el Estado de Hidalgo.

Según el testimonio certificado del taxista afectado, no conforme con marcarle el alto e intervenirlo, una vez que paró su marcha, los agentes lo esposaron y lo detuvieron, al tiempo en que solicitaron el servicio de grúa para remolcar la unidad al corralón y, a cambio de ser liberado, le exigieron 10 mil pesos.

Agregó que, una vez que acudió al sitio del depósito vehicular, le cobraron cerca de 2 mil 500 pesos para sacar el auto de alquiler del lugar, más aparte los conceptos por banderazo, pensión, arrastre, guardia y custodia “sin haber cometido algún delito” y “sin recibir todos los servicios” por tal efecto.

Aunado a ello, en la delegación de Tránsito estatal, le negaron la boleta de infracción y lo amenazaron que, si no pagaba la multa, lo pondrían a disposición de la Semot.

Al tiempo de exigir justicia, el afectado pidió a las autoridades que se haga lo conducente, a fin de que no haya más ilícitos de esta naturaleza contra los transportistas, pues aseguró que las extorsiones y abuso de poder en estos casos “es frecuente”.

El modus operandi

De acuerdo con transportistas afectados, elementos de la Policía estatal en Tula y una empresa de grúas forman parte de una red de corrupción, en la que los agentes detienen a los operadores, remiten al corralón sus unidades y los amenazan

• Los uniformados marcan el alto a los conductores y los inspeccionan
• Alegan que manejaban bajo los efectos del alcohol, pero no les hacen la prueba de alcoholímetro
• Los transportistas son detenidos y llaman a una grúa para remolcar la unidad
• A los operadores los extorsionan con 10 mil pesos para ser liberados
• Cuando los afectados intentaban sacar las unidades del corralón, les cobran 5 mil 500 por los diversos servicios, sin recibirlos
• Les niegan la boleta de infracción y, en cambio, los amenazan con ponerlos a disposición de la Semot en caso de no pagar la multa

Por estos hechos, tanto la Semot como la SSPH iniciaron las indagatorias

Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende