Los gasoductos Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siguen sin ser terminados tras más de 10 años, ante la negativa de habitantes del occidente de Tula y de la comunidad Conejos, en Atotonilco.
Los residentes de ambas demarcaciones, principalmente ejidatarios, tienen pretensiones económicas millonarias a cambio de los derechos de vía para la introducción de la tubería, pero también alegan riesgos de protección civil para los habitantes de las comunidades donde se asentará la infraestructura.
Tal caso fue reafirmado por pobladores de Michimaloya, quienes manifestaron tener temor por lo que se dice acerca de que un gasoducto generará volatilidad en las localidades por donde atraviese (Xitejé de Zapata, Macuá, San Miguel de las Piedras y Xitejé de la Reforma), y más —señalaron—, porque la infraestructura “casi está a nivel del piso” en algunos puntos.
Según los pobladores, “no está enterrado ni a un metro de profundidad”, cuando se les dijo que pasaría al menos a 2.5 metros de la superficie, por lo que están “en contra” del paso del gasoducto de CFE.
Al respecto, la directora general de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Erika Toledo Parra, defendió que el gas natural —que habrá de transportar una vez que opere— “tiene una volatilidad mínima, dado que el gas natural casi no explota”.
Sostuvo que, en términos medioambientales y económicos para la zona, se trata de un proyecto de gran beneficio, ya que permitirá que la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y la planta de ciclo combinado dejen de funcionar con combustóleo, además de que las empresas concederán empleos y beneficios a los habitantes de las comunidades por donde pase la tubería.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
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