Sindicato de Trabajadores de Tlaxcoapan inicia paro de labores por violaciones a derechos humanos y falta de prestaciones
Funcionarios sindicalizados de la alcaldía de Tlaxcoapan iniciaron un paro laboral en protesta por las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del presidente Jaime Pérez Suárez y por el incumplimiento de prestaciones
La mañana de este miércoles, funcionarios sindicalizados de la alcaldía de Tlaxcoapan iniciaron un paro laboral de brazos caídos en protesta por las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del presidente Jaime Pérez Suárez y ante el incumplimiento de prestaciones contenidas en su contrato colectivo.
Los inconformes advirtieron que no se reincorporarán a sus actividades hasta que el mandatario local cumpla con los beneficios previamente acordados. Afirmaron que no quiere cumplir con los beneficios legítimamente ganados, “sino que pretende nadar de muertito de aquí al final de su gestión para heredar el problema a la próxima alcaldesa, Teresa Olivares Reyna.”
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En entrevista, el líder del sindicato, Aldo Augusto Morales Malo, dijo que el conflicto surge porque Pérez Suárez no quiere cumplir con los tiempos en que debe proporcionar los beneficios a los que tienen derecho como sindicalizados, pese a que los gastos están presupuestados en los egresos de 2024.
Indicó que la negativa del presidente municipal alcanza, además del aniversario, la entrega de uniformes, primas vacacionales y garantía de la seguridad social para los empleados hasta el término del periodo, el próximo 5 de septiembre.
Morales Malo condenó que, aunque desde noviembre de 2023 se pidió prever las circunstancias que este día los llevan al paro, no han recibido respuesta alguna por parte del Ejecutivo local: “A pesar de que hemos enviado al menos cinco oficios desde entonces, no nos han hecho caso.”
Por último, el líder gremial denunció que recientemente se despidió a cuatro trabajadores que acababan de ingresar al sindicato, y que, para hacer el correspondiente finiquito, Jaime Pérez utilizó el argumento de que los exempleados no tenían facultad, lo que es una clara violación a sus derechos humanos.
La falta de cumplimiento de beneficios marcados en el contrato general de trabajo afecta a al menos 86 sindicalizados.
