Delegados de seis colonias de la zona sur de Tula demandaron que el ayuntamiento ponga fin a la añeja problemática de inseguridad y bloqueos carreteros en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Los representantes vecinales de colonias y comunidades de los alrededores de la fábrica cementera la Cruz Azul solicitaron la intervención del gobierno municipal de Tula de Allende para que libere de manera pacífica y legal las vías de comunicación, ya que desde hace años se encuentran obstruidas.

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Tal situación —señalaron— los obliga a tomar vías alternas, lo que representa un riesgo por la inseguridad, además de que ha impactado a su economía por el consumo excesivo de combustible.

La situación deriva del conflicto social que existe entre las cooperativas que se disputan el control de la Cruz Azul, lo que ha derivado en el cierre de diversas vías de comunicación con camiones, revolvedoras, plataformas y remolques, como se aprecia en una de las gráficas.

Mediante una misiva, los representantes de las comunidades Pueblo Nuevo, José Acoculco, San Marcos, Zaragoza, San Miguel Vindhó, Santa María Ilucan y Monte Alegre solicitaron al gobierno local su intervención para la pronta liberación de las vías de comunicación.

Recordaron que desde hace más de dos años se encuentran obstaculizadas las vías de acceso a la comunidad Pueblo Nuevo y a las localidades El Recinto, Buenos Aires y San José Acoculco, así como el acceso directo a Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

“Tenemos que buscar otras rutas alternas y más alejadas, ocasionándonos gastos extras de combustible, además del riesgo de inseguridad que esto acarrea y que han traído asaltos robos y diversos tipos de delitos”, señaló unos de los representantes.

Manifestó que al día de hoy su preocupación es mayor, puesto que han aparecido molestias por la inseguridad que prevalece en Ciudad Cooperativa Cruz Azul y comunidades aledañas (amenazas de linchamiento).

Justificaron su exigencia, al señalar que estas peticiones ya han sido ingresadas con anterioridad a diferentes autoridades y órdenes de gobierno, por considerar una violación al derecho constitucional sobre el libre tránsito; sin embargo, no existe respuesta alguna de solución.