La Dirección Jurídica del Gobierno de Tulancingo informó que resultó improcedente el recurso de revisión interpuesto por nueve expolicías preventivos, quienes fueron detenidos en 2010 por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, para fines de pago de salarios caídos y reinstalación laboral, lo que implicaría para el municipio erogar 6 millones 863 mil 980 pesos.
El jurídico Abdiel Camacho, a través de un comunicado, explicó que dicho recurso fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito del Estado de Hidalgo, resolución que finiquita el procedimiento ingresado por los exagentes, aseveró.
Recordó que la situación laboral de los expolicías se truncó porque estuvieron vinculados a un proceso de orden penal en 2010; posteriormente, en 2014, buscaron reincorporarse a sus puestos.
Sostuvo que la negativa de la alcaldía dio origen a un procedimiento administrativo, dos amparos y dos recursos de revisión interpuestos por los antes uniformados, pero el 5 de junio 2018 el Tribunal Colegiado determinó que no procedía y notificó al municipio el 28 de ese mismo mes.
Según la misiva, los expolicías no ocuparon los plazos para interponer su reclamación y fue como se dictaminó que el juicio de amparo 196/2018-V-B causó estado; es decir, ya no podrán hacer más.
“En todo momento, el municipio dio cumplimiento legal a lo solicitado por los órganos jurisdiccionales”, aseveró Camacho.
Expusieron sus demandas tras ser liberados
- En 2015 nueve expolicías expusieron, por escrito, sus demandas a la anterior administración, luego de permanecer cuatro años y medio recluidos, y tras obtener su libertad en diciembre de 2014
- En junio de 2016, los exagentes mostraron documentos para sustentar que tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concedieron amparos indirectos, al comprobar que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes
María Antonieta Islas
Tulancingo
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