Redacción Criterio

Me toco caminar, rodar y conducir por las calles de Pachuca, años atrás, cuando la Bella Airosa se jactaba de ser una urbe tranquila y sin tráfico, cuando la avenida Revolución nos ofrecía ambos sentidos de circulación vehicular, además de la que fuera en aquella época la principal tienda de autoservicio, la famosísima tienda del Issste, edificio que también albergó, durante algunos años, las oficinas de la delegación de la misma institución. A escasas dos cuadras, se encontraba el estadio Revolución Mexicana, hoy Complejo Deportivo Revolución Mexicana, y un poco más retirado, sin que la distancia caminando rebasara los 10 minutos, el Palacio de Gobierno. En estos espacios viví mi infancia, ahí crecí, en un radio de aproximadamente cinco cuadras de mi casa acudí al kínder y a la primaria, mis papás contrajeron matrimonio en la parroquia La Villita, ubicada a dos calles, y frente a mi casa había un pequeño parque, que hoy ya no existe.
Actualmente, en mi etapa adulta, por cuestiones laborales, me veo en la necesidad de circular, la mayoría de los días, hacia el sur de la ciudad, incluso, hasta los primeros municipios que se enfilan a lo largo de la muy, muy transitada y congestionada carretera México-Pachuca; por supuesto, mi centro de trabajo se encuentra a 30 minutos del lugar en donde hoy habito.
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De esta narrativa llena de nostalgia tomo lo que hoy quiero compartir a través de este texto, la ciudad de Pachuca, mi ciudad, padece hoy una pérdida de “habitabilidad” y “accesibilidad”, ya que, al igual que la mayoría de las ciudades de México, nació de una sociedad capitalista y consumista en la que el primer cuadro de la ciudad fue pensado y creado para el consumismo, para las ventas, para la captación de recursos. Del mismo modo, se encontraban centralizadas las dependencias de gobierno, las instituciones educativas y también las religiosas. Sin duda, en algún momento todo esto hizo que la vida cotidiana fuera muy cómoda, pero hoy la falta de visión y planificación que no se tuvo al momento del trazado de la ciudad, aunado al crecimiento demográfico y la urbanización descontrolada, representa una problemática social directamente relacionada con la democracia, que más que una problemática representa un reto.
Los gobiernos, en cualquiera de sus tres órdenes, comienzan a trabajar en la descentralización de oficinas, escuelas y servicios públicos; sin embargo, la aceptación de la población no se obtiene fácilmente, debido a que estos cambios generan desplazamientos más largos en distancia y tiempo, y en la mayoría de ocasiones, más costosos, lo que obliga, entonces, a repensar las estrategias ya utilizadas, a replantear los objetivos, así como orientar al gobierno municipal y estatal hacia una nueva movilidad urbana con nuevos programas y nuevas soluciones que conceptualicen a esta, como un servicio y como un derecho ciudadano, y que, en este sentido, será un elemento importante para lograr y mantener el bienestar de la ciudadanía. Para ello será necesario cumplir con aspectos que estado y ciudadanía solo trabajando en conjunto podrán lograr. El gobierno municipal de Pachuca debe de estar y trabajar al mismo ritmo que la ciudad crece y evoluciona, para satisfacer estas necesidades, así mismo, los habitantes de Pachuca debemos también estar preparados para estos cambios y esta evolución, ya que las medidas y estrategias establecidas representarán cambios en nuestros hábitos culturales, sociales y económicos.
La búsqueda del bien común en la sociedad pachuqueña es una misión que se vuelve cada vez más compleja, los intereses personales predominan sobre los intereses colectivos, y esto se convierte en un obstáculo para lograr el bien común. La sociedad dificulta esta misión; sin embargo, no depende de esta generar las acciones que coadyuven o encaminen a cumplir con objetivos comunes que se reflejen en la calidad de vida de la ciudadanía. Es el gobierno municipal el actor principal cuando se trata de considerar o llevar a las instancias competentes los diferentes aspectos que se deben cumplir para buscar un estado de bienestar.
Pachuca crece a una velocidad desmedida y con esto, la necesidad de satisfacer, de entrada, los servicios básicos, el gobierno municipal debe de tener la capacidad de cubrir y proveer los derechos obligatorios de los ciudadanos y evolucionar se hace necesario cada día más.
En este sentido, es importante tomar en cuenta como causalidad, que la mancha urbana se extiende descontroladamente consumiendo el territorio, invadido por casas, edificios, escuelas y centros comerciales, dejando poco espacio para el trazado vial que permita la circulación fluida de automovilistas y peatones dentro de las zonas urbanas.
Esta problemática no es fácil de solucionar, debido a que la ciudad de Pachuca, como se mencionó al principio, no fue creada con una visión a futuro ni se consideró el impacto poblacional generado a través de los años, por lo que hoy la falta de espacio se convierte en la principal condicionante para la modificación urbana de nuestra ciudad, como una problemática social actual y del futuro, radicando la importancia de esta en la calidad de vida de los ciudadanos y requiriendo de manera inmediata soluciones a corto y largo plazo, en donde no solo se cuente con vialidades suficientes y eficientes, sino también exista una generación de espacios para los transportes alternativos, así como la optimización y regulación del servicio público de transporte, lo que hace necesario implementar políticas públicas reales, enfocadas a la búsqueda de soluciones relacionadas con estas problemáticas sociales, en la que gobierno y ciudadanía trabajen de la mano en un proceso de resiliencia compartida.
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Pachuca, con pérdida de accesibilidad y habitabilidad

Hay una escena particularmente devastadora en la divertida película colombiana Un poeta (HBO) donde Óscar Restrepo —poeta envejecido, alcohólico, ligeramente ridículo— descubre en una adolescente de barrio popular algo parecido al talento. O acaso algo todavía más peligroso: la posibilidad de prolongarse simbólicamente en otro cuerpo. Desde ese momento, la película deja de ser únicamente una sátira sobre el fracaso artístico y se convierte en algo más incómodo: una reflexión sobre la imposibilidad contemporánea de heredar la fe en el arte. Porque Yurlady, la joven alumna, escribe poemas, pero no comparte la neurosis romántica de Óscar. Para él, la poesía sigue siendo una forma de destino; para ella, apenas una posibilidad entre muchas otras formas de escapar de la precariedad. Ahí reside una de las intuiciones más inteligentes del filme: el sueño del poeta pertenece únicamente al poeta. La alumna no desea necesariamente convertirse en heredera de esa derrota ni entiende el “prestigio” del arte.
Durante décadas, Latinoamérica sostuvo cierta mística alrededor del artista fracasado que conservaba un crédito simbólico: encarnaban una forma superior —aunque autodestructiva— de sensibilidad. Un poeta dinamita cruelmente esa fantasía. Óscar no es Rimbaud ni Bukowski ni José Asunción Silva; es un hombre expulsado incluso del glamour del fracaso. Un sujeto atrapado entre becas mínimas, talleres literarios, resentimiento y nostalgia de una centralidad cultural que dejó de existir hace mucho tiempo. 
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La película entiende algo que gran parte del discurso cultural contemporáneo todavía se niega a aceptar: el arte ya no ocupa un lugar privilegiado en la organización afectiva de la sociedad. Persisten instituciones, festivales, fondos, publicaciones y circuitos, desde luego, pero cada vez resulta más difícil sostener la idea de que la experiencia estética transforme verdaderamente una vida. El propio arte parece haber internalizado esa derrota y busca legitimarse ahora por vías laterales: comunidad, territorio, reconstrucción del tejido social, acompañamiento emocional, fines terapéuticos o el entretenimiento.
Y quizá en América Latina exista otro elemento todavía más incómodo: buena parte de las búsquedas artísticas continúan dependiendo materialmente de las familias. Padres, madres, hermanas o parejas sostienen, muchas veces silenciosamente, vocaciones cuya rentabilidad económica es prácticamente nula. Detrás de numerosos artistas del tercer mundo hay redes domésticas de contención afectiva y financiera que subsidian aquello que el mercado y el Estado apenas toleran. La bohemia latinoamericana suele ocultar una economía familiar del sacrificio. En ese sentido, la presencia de la hija de Óscar resulta crucial. Ella mira a su padre con una mezcla de cariño, vergüenza y cansancio; comprende, acaso mejor que él mismo, el desgaste que produce una vida organizada alrededor de una promesa artística incumplida. La película sugiere algo doloroso: toda vocación radical termina afectando también a quienes rodean al artista. El fracaso nunca es completamente individual.
Por eso Un poeta resulta incómoda. Porque detrás de su humor seco y de su apariencia modesta y cómica, la película formula una pregunta brutal: ¿qué ocurre cuando incluso los jóvenes dejan de creer en las ficciones o mitos que mantuvieron con vida a anteriores generaciones de artistas? 
Quizá ahí reside la potencia melancólica de la película, en mostrar que el problema contemporáneo del arte no es solamente económico, sino también de legitimidad cultural. Una civilización puede seguir financiando películas, festivales o talleres mientras deja de creer íntimamente que los mundos internos poseen algún valor social verdadero. Y cuando eso ocurre, el artista deja de parecer necesario. Se vuelve apenas una figura excéntrica, ligeramente anacrónica, intentando convencer a otros de una fe que él mismo sostiene ya con dificultad. El problema del artista contemporáneo no es fracasar, sino seguir creando incluso después de haber entendido que el mundo ya no espera nada de él.
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Un poeta: el artista como estorbo

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Se dice&#8230; que a quien le viene un jalón de orejas es a la secretaria de Salud estatal, Vanesa Escalante Arroyo, después de que activistas a favor de los derechos de los animales se pronunciaran en contra de las campañas de esterilización al aire libre que realizó el gobierno estatal y que, según las defensoras, no cuentan con las medidas sanitarias adecuadas; aunque Escalante Arroyo presumió esas jornadas en su comparecencia, ahora son parte de una crítica más a su trabajo como encargada de la Salud pública. ¡Vaya ironía para quien presume control sanitario!
Se dice&#8230; que a quien reingresaron al Centro de Readaptación Social en Pachuca es al exdirigente sindical de los trabajadores municipales de la capital, Percy Espinosa Bustamante, acusado, entre otras cosas, de uso ilícito de atribuciones; de prisión domiciliaria se le dictó prisión preventiva justificada, dejando claro que los problemas para el exlíder sindical están lejos de acabarse, como si la novela apenas comenzara.
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Se dice&#8230; que hablando de sindicatos, ¿se vendrá su fin en Hidalgo?, pues conflictos legales, sociales y demás rodean a tres de las principales organizaciones sindicales del estado —del Poder Ejecutivo estatal y de los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma—, las cuales actualmente no cuentan con dirigencia legalmente reconocida por diversas circunstancias, entre ellas la vinculación a proceso de quienes se asumían como sus líderes. Veremos si esto no es aprovechado por las autoridades estatales y municipales, que han reconocido públicamente que los sindicatos cuestan, al menos en Pachuca y Mineral de la Reforma, casi la mitad del presupuesto anual. ¡Vaya “representación” tan cara!
Se dice&#8230; que al que se le sigue juntando la chamba es al secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, pues si no son hechos violentos, como homicidios o muertes en penales, ahora son persecuciones como la que presuntamente sufrió el alcalde de Tepeapulco, Alfredo Quiroz. Parece que el dichoso Mando Coordinado se está quedando corto en el cuidado de la ciudadanía.
Se dice&#8230; que la senadora Simey Olvera compartió con orgullo en redes la aprobación de la iniciativa para que la bandera de México sea izada a media asta cada 20 de julio por el aniversario luctuoso de Francisco Villa, pero la publicación generó amplia respuesta de usuarios que le pidieron impulsar iniciativas relacionadas con la niñez hidalguense —abatir el trabajo infantil, el abuso y la violencia— al considerar que esos temas sí requieren atención legislativa.
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Se dice que Vanesa Escalante, Percy Espinosa, Salvador Cruz Neri y más

Se dice que Vanesa Escalante, Percy Espinosa, Salvador Cruz Neri y más

Se dice… que Vanesa Escalante, Percy Espinosa, Salvador Cruz Neri y más

Antier en medio de un evento público fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan Michoacán, un edil que puso a la seguridad en el centro de su agenda. Y si bien sus métodos no estuvieron exentos de polémicas y críticas, no se le puede regatear su compromiso por hacerle frente al crimen organizado, con las escasas herramientas de las que disponía su municipio. Su muerte nos muestra la alta vulnerabilidad de los alcaldes frente a las grandes organizaciones criminales.
Durante la gestión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 9 alcaldes han sido asesinados por el crimen organizado; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 65 alcaldes perdieron la vida en manos del crimen, y de 2006 a 2018 la cifra de alcaldes que perdieron la vida por la violencia fue de 121. Por lo que, en resumen, de 2006 a la fecha, por lo menos 195 alcaldes han muerto por ataques directos de las bandas criminales que operan en el país.
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Los asesinatos de los alcaldes son un gran problema, pero también un síntoma de uno de mayor profundidad, que es la cooptación de los gobiernos municipales por parte del crimen organizado, en donde mediante amenazas y/o sobornos se hacen del control de los territorios y cuando los alcaldes se oponen, son asesinados.
El asesinato de Carlos Manzo, sumado al de los otros 194 alcaldes, obliga a replantear las estrategias de combate al crimen organizado desde lo local, ya que un buen punto de partida es que incluso con la voluntad política para hacer frente a las organizaciones criminales, como la tuvo Manzo, todo indica que la mayor parte de los municipios no cuentan con la infraestructura, los elementos, el equipamiento y las capacidades institucionales para enfrentar a las organizaciones criminales de mayor tamaño.
Homicidios como el Carlos Manzo generan incentivos negativos, porque cuando otros alcaldes ven que fue privado de la vida un edil que enfrentó al crimen, por su seguridad tenderán a evitar riesgos, aunque ello implique dejar crecer a los grupos criminales, lo cual va en contra del interés de los ciudadanos.
650 de los 2,457 municipios de México, es decir el 26.4 %, no cuentan con policías municipales, otros tantos sí tienen corporación, pero con muy pocos policías con menos de 20 elementos, mal entrenados, con pocas prestaciones y armamento deficiente. Por ejemplo, en 2020 solo 840 de los 2,457 municipios del país renovaron el armamento de sus elementos. Por ende, suena complejo que de esta manera los municipios puedan hacer frente a los cárteles de la droga y a las bandas de huachicol.
Uruapan tiene 1 policía por cada 1,000 habitantes, que es similar al promedio nacional, pero Naciones Unidas recomienda al menos 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. A pesar de las áreas de oportunidad, la policía de Uruapan era de las mejor equipadas, en gran medida gracias al esfuerzo de Carlos Manzo, que renovó armamento, uniformes y equipo táctico, mejoró los salarios y adquirió vehículos blindados.
El problema es que aun siendo de las policías mejor equipadas en Michoacán, la de Uruapan no contaba con la fortaleza para enfrentarse al crimen organizado y el propio Carlos Manzo solicitó en múltiples ocasiones el auxilio del Gobierno Federal. De hecho, al momento de su muerte tenía asignados a 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección y ni de esa forma se pudo evitar el atentado en su contra.
Lo más importante del caso es evitar que en el futuro sigan los atentados contra más alcaldes y prevenir la cooptación de más municipios, lo cual obliga a replantear la estrategia nacional de seguridad pública en los municipios. Por lo que, a la luz de los sucesos, caben algunas sugerencias:
<ol>
<li> Se tiene que apostar en serio por el fortalecimiento de las policías municipales. No solo se trata de invertir en la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, sin duda las fuerzas federales deben apoyar a los municipios con mayor incidencia, pero la inversión, capacitación y tecnología debe llegar al ámbito local, para contar con corporaciones fuertes.</li>
</ol>
Será una apuesta a mediano plazo porque no se puede lograr un cambio profundo de inmediato y va a requerir una inversión importante programada a varios años, estableciéndose como prioridad nacional.
<ol start="2">
<li> Debemos contar con una radiografía certera del grado de cooptación de los municipios en México. Para identificar así las zonas de mayor riesgo y reforzar la mismas con presencia de fuerzas federales, generando la recuperación de las corporaciones locales, propiciando la limpieza del aparato burocrático y con la asistencia nacional, para poder ir marginando la influencia del crimen organizado en dichas demarcaciones.</li>
</ol>
Para ello se requiere un buen aparato de inteligencia con despliegue nacional, que recopile información de calidad que permita identificar las zonas de mayor riesgo a partir de datos objetivos y que ello haga posible la mejor toma de decisiones.
<ol start="3">
<li> Dejar las labores operativas de seguridad al personal especializado. Si bien se reconoce el esfuerzo e interés de Carlos Manzo en materia de seguridad, lo cierto es que al intervenir de forma directa en los operativos como alcalde corría mucho riesgo, e incluso podía poner en riesgo a sus elementos que además de combatir al crimen debían proteger al alcalde.</li>
</ol>
Lo que al final debemos lograr es la profesionalización de la labor policial, en donde los elementos participen en un sistema de servicio profesional y suban en los escalafones gracias a los méritos, sus resultados y buena conducta.
<ol start="4">
<li> Fortalecer el mecanismo de protección a los alcaldes en riesgo. Para que ante cualquier amenaza o ataque, se establezca por parte del Gobierno Federal un despliegue inmediato de efectivos y se pongan en marcha protocolos claros de movilidad, para evitar espacios en donde se pueda atentar en contra de la vida de los alcaldes o sus familias.</li>
</ol>
De igual manera, sería importante contar con un esquema como el de las corporaciones de policía en los Estados Unidos, que cuando alguna banda priva de la vida a un policía, que en el caso adaptado a México sería un alcalde, se realizan mayores esfuerzos en contra de dichas organizaciones, como una forma de presión para disuadirlos a que se repitan los hechos.
<ol start="5">
<li> Propiciar mejores esquemas de coordinación entre federación, estados y municipios en materia de seguridad. Ya que en muchas ocasiones cada una de las corporaciones de seguridad trabaja por su cuenta, lo cual es aprovechado por las organizaciones criminales, en cambio, cuando todas las instancias se suman en una misma ruta de trabajo, se puede tener mayor cobertura e impacto, cerrándole los espacios a los criminales.</li>
</ol>
Estos esquemas también permiten identificar mejor las necesidades de las localidades y generará mejores diagnósticos, lo que a la larga ayuda a fortalecer a las instancias municipales y propicia un uso adecuado de los recursos disponibles.
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El asesinato de Carlos Manzo

Entre el ruido del pleno, la frase de la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez, pasó desapercibida como una broma parlamentaria más. Pero, vista con más detenimiento, su intervención del 26 de junio de 2025 (para defender que usó inteligencia artificial (IA) para condensar un dictamen de 205 páginas “en 15 minutos”) funciona como aviso de una transformación irreversible del trabajo legislativo.
Días después del “actualícense, ignorantes” de la diputada Chávez, el senador Mario Vázquez, del PAN, fue captado utilizando ChatGPT desde su curul y luego lo admitió, aclarando que lo emplea para elaborar sus discursos: “Sí uso ChatGPT… pero le dicto yo”. Aunque el primero en dar el paso fue el exdiputado Javier López Casarín, del PVEM, quien en abril de 2023 presentó “Javi Virtual”, un avatar con su voz y rasgos para comunicarse con la ciudadanía, pionero en llevar la IA a la representación pública.
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En años recientes, pocas cosas han cambiado la rutina legislativa como la IA, que ya se escurre entre iniciativas, se fija en minutas y ya se escucha en los discursos de las personas legisladoras. Desde que inició esta LXVI Legislatura, el hilo en pasillos y chats no es si usarla, sino cómo sacarle provecho. O, como lo resumió un informante, “hay que usarla sin quemarse”.
En este espacio comparto los avances (a manera de notas generales) de una investigación en curso sobre cómo se está usando la IA en el trabajo legislativo en México: qué resuelve, qué riesgos abre, qué resistencias se le presentan y qué reglas mínimas hacen falta para implementar su uso de manera eficiente, responsable y ética. Hasta ahora el trabajo de investigación ha consistido en recopilar conversaciones y encuestas a congresistas, asesores, cuerpo técnico y administrativo de las cámaras federales y algunos congresos locales del país.
El diagnóstico abre con una paradoja, y es que el 80 por ciento de las personas consultadas considera que la IA es necesaria para hacer más eficiente su trabajo, pero solo tres de cada 10 admiten sentirse capacitadas para integrarla con responsabilidad en sus labores parlamentarias. Aquí aparece un segundo filo, pues alrededor del 20 por ciento de los informantes cuestiona, en clave ética, la normalización de su uso. Es decir, dos de cada 10 la asocian con dudas de autoría y falta de trazabilidad, y advierten que podría erosionar la seriedad y la honorabilidad de un poder emanado del voto. El problema adicional (compartido por prácticamente todos los congresistas, asesores y administrativos) es que no hay claridad compartida en lo que se debería cuestionar política y moralmente en el uso institucional de la IA.
“Aquí nadie quiere decirlo en voz alta, pero en cada oficina alguien ya lo tiene abierto en su computadora”: asesor local.
En ninguno de los congresos analizados existe un acuerdo interno ni lineamientos sobre uso de IA en distintas tareas legislativas: no se especifica qué insumos pueden pasarse por un modelo, cómo documentar su intervención ni quién respondería por errores u omisiones.
“Ahorita cada quien lo usa como quiere: no sabemos si se puede meter un dictamen completo, si hay que guardarlo o quién se hace responsable si algo sale mal”: asesor federal.
Al respecto, importa decir que el Reino Unido (uno de los parlamentos más avanzados en el tema) cuenta con regulaciones internas. Así, por ejemplo, si una pieza legislativa usó IA abierta, se declara en el documento, se verifica y alguien firma; además, los prompts y las salidas se resguardan en el expediente y hay reglas claras de resguardo y acceso a datos. La Unión Interparlamentaria (IPU) sugiere que sus principales usos son comparar proyectos con la ley vigente, mapear enmiendas, resumir debates, siempre con transparencia y trazabilidad de qué hizo la IA y qué revisó una persona. Es decir, ya hay parlamentos y estándares internacionales que muestran cómo usar IA sin vacíos: decir cuándo se usó, dejar rastro de cómo se usó y asegurar quién responde. Con ese piso, lo que falta aquí no es teoría, sino acuerdo operativo: etiquetar el uso, resguardar prompts y salidas en el expediente, exigir doble lectura humana y prohibir cargar información sensible en servicios abiertos. Con eso, el uso deja de ser artesanal y pasa a regla verificable.
De vuelta al caso de México, las modalidades de uso de la IA apuntan a un uso dominante orientado a tareas de texto: 67 a 70 por ciento la emplea para redacción, resumen y análisis; atrás quedan aspectos como comunicación externa e interna (15 a 18 por ciento) y organización de las tareas dentro de las oficinas (10 a 12 por ciento). En los ejercicios de asociación libre, “innovación”, “mejoría” y “tecnología” aparecen en siete de cada 10 respuestas, mientras “hacer trampa” surge como alerta ética persistente, aunque minoritaria. Los resultados advierten, pues, un impulso para adoptar la IA donde ahorra tiempo y ordena información, pero persiste un freno para reconocerlo en público por estigma y por la ausencia de reglas que separen asistencia de suplantación. De hecho, en las mediciones exploratorias, solo 10 a 12 por ciento de las y los legisladores reconocen uso directo, frente a un 60 por ciento de admisión de su uso entre los equipos técnicos y de asesoría. Esta distancia obedece al costo reputacional del cargo, al mayor escrutinio sobre la autoría y a la exposición mediática de las personas legisladoras, mientras el personal técnico opera con mayor cobertura organizacional y crecientes volúmenes de trabajo en tiempos acotados.
Otro aspecto llamativo es la prevalencia de una brecha territorial e infraestructural que condiciona la adopción de IA en los congresos. En el ámbito federal, entre 50 por ciento y 60 por ciento de las comisiones reporta usos regulares para tareas cotidianas. Pero en congresos locales la cifra cae a 15 por ciento, con diferencias marcadas por antigüedad del equipo y calidad de la red. En estas asambleas, cerca de la mitad de los equipos de asesoría señala que debe trabajar con una conectividad inestable dentro de los recintos y traslada trabajo a casa al menos una vez por semana; además, 25 por ciento a 30 por ciento de estas personas en congresos subnacionales opera fuera de la red institucional y 15 por ciento a 20 por ciento utiliza equipos personales, lo que eleva riesgos de exposición de datos y pérdida de trazabilidad.
“Acá la red se cae a cada rato. Muchos compañeros terminamos llevándonos la laptop a casa para poder avanzar y los diputados ya lo saben y lo asumen, a menos que sea un ‘bomberazo’”: asesora en Congreso local.
La infraestructura también pesa en lo básico, pues cerca del 30 por ciento de los puestos funciona con computadoras de más de cinco años, lo que limita velocidad, compatibilidad y la posibilidad de integrar flujos de trabajo con resguardo y registro adecuados.
El panorama inicial de esta investigación apunta a una conclusión inevitable: la IA ya está instalada en los congresos del país y la discusión no es sobre su llegada, sino sobre cómo integrarla de manera que aumente la eficiencia sin debilitar la responsabilidad pública. Para lograrlo se requieren reglas mínimas, capacitación sistemática, acuerdos internos de uso, trazabilidad editorial y resguardo de datos, que den certidumbre y eviten que cada oficina la use de forma improvisada. Como lo resumió un informante en entrevista: “Ya sabemos que viene el cambio; más vale aprender a usarlo bien y a nuestro favor antes de que nos rebase”. El desafío va más allá de la productividad, pues toca también la representación en tanto que la ciudadanía elige a personas para legislar y responder por sus decisiones; si esas tareas se trasladan a una interfaz, aparece una doble sustitución que debilita el (de por sí complicado) vínculo representativo.
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Actualícense, ignorantes

Redacción

Julio dejó en claro, con los datos del Inegi difundidos ayer, que la economía mexicana sigue atrapada en la inercia del bajo crecimiento. Ese mes, la producción manufacturera retrocedió 2.7 por ciento frente a junio y 1.1 por ciento respecto al mismo mes de 2024. Dicho en pesos, solo en este sector se dejaron de producir alrededor de 45 mil millones en un mes y más de 70 mil millones en la comparación anual. Estas cifras confirman que los porcentajes esconden pérdidas concretas de riqueza para las empresas y para el país.
El golpe afectó al mercado laboral. El personal ocupado en la industria manufacturera cayó 0.2 por ciento mensual, lo que equivale a 19 mil empleos perdidos en julio, y acumula un retroceso anual de 2.3 por ciento (alrededor de 221 mil plazas menos que en julio de 2024). Las horas trabajadas también bajaron 0.2 por ciento en el mes y 2.2 por ciento en el año, lo que se traduce en menos turnos, reducción de horas extras y paros técnicos.
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El único dato positivo fue el aumento de 0.7 por ciento mensual y 6 por ciento anual en las remuneraciones medias reales de la industria manufacturera. Con un salario promedio de 12 mil 600 pesos, esto representa apenas 90 pesos adicionales por trabajador. En conjunto, los 9.6 millones de empleados del sector recibieron 865 millones de pesos más en nómina. Pero frente a pérdidas de decenas de miles de millones en producción y cientos de miles de empleos eliminados, ese ligero aumento es insignificante.
El panorama se agrava con la contracción del consumo privado, que representa casi siete de cada 10 pesos del PIB. El Indicador Oportuno del Consumo Privado estima para julio una caída anual de 0.7 por ciento y para agosto un crecimiento nulo. En términos monetarios, implica 9 mil 300 millones de pesos menos gastados en bienes y servicios en un solo mes, con la consiguiente pérdida de entre 10 mil y 15 mil empleos indirectos en comercio y servicios.
La fotografía completa es clara: en julio se combinaron menos producción, menos empleo y menos consumo. Lo que muestran los datos confirma lo que vengo advirtiendo desde hace meses: pese a los mejores pronósticos, la economía mexicana está empantanada. No es un accidente aislado, sino el resultado de factores como la incertidumbre por los aranceles de Trump y la fragilidad del T-MEC, el escaso margen fiscal del gobierno, la falta de inversión productiva nacional, la dependencia de remesas y un nearshoring todavía concentrado en pocos estados y sectores. A ello se suma la limitada efectividad del llamado Plan México, útil para evitar desplomes puntuales, pero insuficiente como motor de crecimiento.
Y ahora se añade la baja de tasas de 0.25 puntos decretada ayer por la Reserva Federal, que llevó el rango a entre 4 y 4.25 por ciento. Es la primera reducción desde diciembre y refleja el enfriamiento del mercado laboral de EU. Para México implica riesgos: un dólar potencialmente más débil que presione al peso, un menor diferencial de tasas que complique a Banxico y, sobre todo, la posibilidad de que una menor demanda en EU reduzca nuestras exportaciones y remesas.
Todo indica que tanto el consumo como el empleo seguirán deteriorándose en los próximos meses, lo que anticipa un escenario de bajo crecimiento y de fragilidad creciente del mercado interno. Los próximos meses serán difíciles y exigirán cautela y resistencia.
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El motor interno no acelera: menos producción, menos empleos, menos gasto

La iniciativa presidencial para reformar la Ley de Amparo, enviada, precisamente el 15 de septiembre, al Senado, llega envuelta en un discurso de modernización. El planteamiento oficial promete eficiencia, certeza y rapidez en los procesos.
Pero en el trasfondo late una pregunta esencial: ¿Puede México reformar su principal herramienta de control constitucional sin debilitar la defensa del medio ambiente ni poner en entredicho el derecho humano a un entorno libre de contaminación y devastación?
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El documento base introduce cambios que parecen técnicos, pero que en la práctica pueden significar la diferencia entre preservar ecosistemas o permitir daños irreversibles. El reto es que, detrás de conceptos jurídicos como interés legítimo o suspensiones provisionales, se juega el futuro de selvas, ríos y comunidades enteras.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación al artículo 5 de la Ley de Amparo. La propuesta exige que, para promover este recurso, los solicitantes acrediten una afectación “directa, cierta y personal”. Este cambio parece inofensivo, pero aplicado a los derechos ambientales se convierte en un candado.
El ambiente no se deteriora en lo individual, sino en lo colectivo. La contaminación de un río, la tala de una selva o la construcción sobre un humedal son daños difusos: afectan a todos, aunque no siempre pueda señalarse a una persona en particular como víctima inmediata.
Bajo la nueva lógica, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos —los actores que han defendido históricamente bienes comunes— quedarían sin legitimación procesal.
Si este criterio hubiera existido antes, muchos de los amparos que frenaron proyectos lesivos habrían sido simplemente inadmisibles. Y con ello, daños irreparables se habrían consumado.
El segundo eje central de la iniciativa es la regulación de las suspensiones provisionales. En la propuesta, estas no procederán cuando puedan “afectar de manera significativa la ejecución de políticas públicas o el interés social”. La redacción, ambigua y abierta a interpretación, coloca en riesgo al principio precautorio que guía la justicia ambiental.
El Tren Maya es un ejemplo ilustrativo. Los amparos que interpusieron colectivos y ambientalistas detuvieron temporalmente la construcción en tramos sensibles por la tala de selva y los riesgos al subsuelo kárstico. Sin suspensiones efectivas, la maquinaria habría seguido operando, causando daños irreversibles antes de que los jueces resolvieran el fondo del asunto.
Algo semejante ocurre con la refinería Dos Bocas, señalada por la afectación a manglares y humedales en Tabasco. Si los tribunales hubieran carecido de la facultad de suspender las obras, el ecosistema habría sido devastado mientras los juicios se alargaban en el tiempo.
La misma lógica aplica a proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla o en Zacatecas, donde las comunidades indígenas litigan para proteger sus acuíferos y tierras. Con una suspensión debilitada, la balanza se inclina de antemano a favor de grandes intereses económicos, dejando a los pueblos en la indefensión.
La Constitución Mexicana establece un marco claro. El artículo 1 obliga a todas las autoridades a promover, respetar y proteger los derechos humanos, interpretando siempre las normas de la manera más favorable para las personas. El artículo 4, por su parte, reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y mandata al Estado garantizarlo.
Si la Ley de Amparo se reforma para restringir el acceso a la justicia ambiental, la contradicción es evidente: una norma secundaria se interpondría frente al mandato constitucional. Más aún, la reforma también entraría en colisión con los compromisos internacionales de México, como el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
La paradoja es que, en nombre de la “modernización”, se estaría debilitando la herramienta jurídica más poderosa para materializar los derechos ambientales que ya reconoce la Constitución.
Más allá de las intenciones políticas, el texto de la iniciativa presenta vacíos técnicos preocupantes:
<ul>
<li>Ausencia de criterios claros: no se establece cómo deben ponderarse los riesgos ambientales al decidir suspensiones.</li>
<li>Falta de peritajes científicos tempranos: no se prevé la incorporación obligatoria de estudios ambientales en la fase cautelar, lo que deja a los jueces sin información sólida para valorar la gravedad del daño.</li>
<li>Discrecionalidad judicial: al no fijar parámetros objetivos, cada juez decidirá según su criterio, lo que abre la puerta a decisiones contradictorias y a la influencia de presiones políticas o económicas.</li>
</ul>
En la práctica, esto puede traducirse en una justicia desigual, donde los proyectos de gran escala avanzan mientras los colectivos comunitarios enfrentan procesos largos, caros y con pocas probabilidades de éxito.
Si la reforma avanza en los términos actuales, México podría enfrentar una serie de impactos políticos, sociales y ambientales:
Daños irreversibles a ecosistemas estratégicos: humedales, selvas y acuíferos destruidos antes de que los jueces emitan una sentencia definitiva.
Erosión de la confianza ciudadana: la percepción de que el amparo protege más a intereses económicos que a derechos humanos debilitaría la legitimidad del sistema judicial.
Litigiosidad constitucional: la Suprema Corte tendría que dirimir si las nuevas reglas violan los artículos 1 y 4, generando incertidumbre jurídica y política.
Desincentivo a la inversión sostenible: paradójicamente, al reducir el escrutinio judicial, se favorecen proyectos de alto impacto y se desincentiva la inversión que cumple con estándares ambientales.
Reformar la Ley de Amparo no es un error en sí mismo. El problema es hacerlo debilitando derechos fundamentales. Una modernización compatible con la justicia ambiental debería:
<ul>
<li>Reconocer la legitimación amplia en materia ambiental, dado que se trata de bienes de titularidad difusa.</li>
<li>Establecer un régimen especial de suspensiones ambientales basado en el principio precautorio.</li>
<li>Obligar a incorporar evaluaciones de impacto ambiental como prueba en la fase cautelar.</li>
<li>Capacitar a jueces en ciencia ambiental y en estándares internacionales de derechos humanos.</li>
</ul>
El debate sobre la reforma de la Ley de Amparo no es una discusión técnica aislada. Es una disputa por el alma del Estado de Derecho en México. ¿Queremos un país donde la rapidez procesal se coloque por encima del derecho a un ambiente sano? ¿O uno donde el acceso a la justicia siga siendo el escudo de la Constitución para las generaciones presentes y futuras?
La respuesta definirá si el amparo continúa siendo la herramienta de protección más poderosa contra el deterioro ambiental o si se convierte, por omisión, en un testigo pasivo de la devastación.
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Reforma a la Ley de Amparo y Medio Ambiente

Ser docente representa una de las responsabilidades más trascendentes dentro de cualquier sociedad, pues su labor va mucho más allá de transmitir información y conocimientos. La importancia de ser docente se encuentra en la capacidad para formar a las nuevas generaciones, guiarlas en el desarrollo de su pensamiento crítico y ayudarlas a descubrir sus talentos y valores, al igual que escuchar sus problemas y emociones y darles un consejo o regaño cuando se es necesario.
Un docente actúa como un puente entre el conocimiento y la realidad, no solo enseña contenidos; motiva a sus alumnos, despierta su curiosidad y fomenta el amor y respeto por no solo el conocimiento, sino por la vida. Cada clase se convierte en un ejemplo de perseverancia, respeto y compromiso, valores que los estudiantes aprenden y reproducen en su propio entorno. La influencia del docente trasciende el aula, pues sus palabras y acciones pueden marcar de manera positiva el rumbo de quienes se están formando.
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Los buenos docentes no solo se encargan de que sus alumnos aprendan su materia, sino de que tomen sus ejemplos como persona y figura en la sociedad y las apliquen a lo largo de su vida. ¿Cuántas veces les han preguntado sobre quién es su docente favorito? Y nuestra respuesta no se basa en la materia que nos dieron, sino en los momentos felices que pasamos en su clase aprendiendo o recordando las veces que nos regañaron, aunque en ese momento nos causaron enojo, pero años después entendimos por qué lo hicieron.
Docentes que siempre están para sus alumnos cuando necesitan un abrazo porque se sentían tristes, que llaman la atención con firmeza, hasta llegar a la reflexión sobre las consecuencias de las acciones y aquellos que acompañan la enseñanza de risa y diversión dentro de la clase.
Como ellos, todos los docentes somos ejemplos para muchos alumnos, somos quienes los guían a lo largo de su trayecto en el aprendizaje. Somos las personas que recordarán cada vez que tengan un problema que solucionar, sea de nuestra materia o no.
En definitiva, ser docente va más allá de solo transmitir conocimientos e información, pues se refleja en la huella que se deja en cada persona que pasa por nuestros salones, la dedicación que construye los cimientos de una sociedad más justa, preparada y solidaria, donde cada lección, gesto de apoyo y esfuerzo por guiar a sus estudiantes se convierte en un legado que perdura más allá del tiempo, porque educar significa sembrar futuro y esperanza en cada generación.
Axel Eduardo Robles Castrejón 
Docente de Colegio Escocés 
@uclahmx
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A criterio de... Axel Eduardo Robles Castrejón

Ser docente

Se dice… que la presidenta de Huehuetla, Yaralén Cortés Mendoza, se pasa por el arco del triunfo los recurrentes llamados que hace la Jurisdicción Sanitaria 2, a fin de que destine recursos para la realización de jornadas de esterilización canina y felina, ya que, en lo que va de este año, el municipio no ha aplicado peso alguno a este rubro, importante en materia de salud pública. Al menos eso es lo que se dice en cada sesión del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica.
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Se dice… que, en la presidencia de Molango, quien toma decisiones es Sigifredo Mercado Rivera, director del DIF municipal, motivo por el cual, dicen, renunciaron el ahora exsecretario municipal Silviano Hernández Ángeles y varios empleados, quienes de plano ya no soportaron la prepotencia y el trabajo excesivo por el mismo sueldo.
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Se dice… que, ante el tema del aumento al pasaje del transporte público, usuarios del transporte público de Tizayuca consideran que, antes de autorizarlo, deberían garantizarse unidades en buen estado, evitar la sobrecarga de pasajeros en las combis, donde en muchas ocasiones viajan más personas de las que pueden ir sentadas, lo que representa un riesgo para la seguridad, así como la capacitación de manejo a los choferes, ya que, señalan, conducen de mala manera, sin respetar los señalamientos.
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Se dice… que a quien se están acabando en redes sociales, ante la difusión de un antiguo video, es al secretario general municipal de Tula, José Antonio Vargas Olmedo, a quien, acusan, se le olvidaron los principios de Morena: no robar, no mentir y no traicionar. En el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos 2026, en la que se contemplan incrementos de impuestos y servicios hasta de 202 por ciento, le recordaron que él, cuando era del club de los aguerridos fundadores del partido guinda en Tula, invitaba a la ciudadanía a no pagar predial y estaba en contra de cualquier incremento en los gravámenes cobrados por el municipio. El funcionario es de corta memoria.
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Se dice… que la gasolinera de San Agustín Metzquititlán continúa cerrada por falta de abasto de gasolina, por lo que pobladores de la cabecera tienen que viajar hasta Tuzanapa para cargar gasolina, lo que además genera bajas en comercio local. Mientras tanto, la población se pregunta: ¿quién puede resolver el malestar?
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Se dice... que el transporte público en Tizayuca, Yaralén Cortés, Sigfredo Mercado y más

Se dice… que el transporte público en Tizayuca, Yaralén Cortés, Sigfredo Mercado y más

Se dice… que el pasado viernes, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Pachuca, todos los políticos buscaron estar en primera fila y la foto con la titular del Ejecutivo federal, pero son varios quienes indican que la ganona fue Susana Ángeles, exalcaldesa de Tizayuca y ahora en funciones en la Secretaría de las Mujeres federal, pues fue la primera a quien Sheinbaum fue a saludar bajando del templete, momento en el que le dio un efusivo abrazo.  Además, estuvo arropada por su jefa, la secretaria Citlalli Hernández. ¿Fue un simple golpe de suerte o parte de una movida política bien calculada?
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Se dice… que este viernes, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández, presentará su primer informe en un salón de Pachuca, lo cual resulta curioso, pues no dará su rendición de cuentas en Tezontepec de Aldama, de donde es originario y donde fungió como alcalde en el periodo 2012-2015.
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Se dice… que quien nuevamente podría estar en el ojo del huracán es la expresidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, pues se prevé que la actual administración capitalina proceda con más denuncias en contra de otros ediles, incluida Yoli, por la omisión en la atención, pago y defensa de varios laudos que costarán millones al erario, los que se cree no fueron atendidos a propósito para que fueran heredados de administración en administración. Veremos cómo avanza el asunto y si vemos de nuevo a Tellería en los juzgados penales enfrentando una acusación más.
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Se dice… que en donde continúan los problemas es en la Canaco Pachuca, pues ahora su presidente, Luis Miguel Escudero Hernández, reveló que existe desconfianza entre los comerciantes con los visitadores de la cámara, pues antes no se tenía un protocolo para hacer las visitas en busca de afiliación e incluso cobraban y nunca más regresaban. Por lo que ahora existe el distanciamiento entre ambas partes, es decir, cámara y comerciantes. Bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva, pues ahora ya no solo hay problemas entre los líderes, sino también entre los comerciantes. ¿No será más bien que en quien no confían es en quien dice ser presidente legítimo?
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Se dice… que ya ha quedado claro, por voz del titular del Poder Ejecutivo del estado, Julio Menchaca Salazar, que cualquier relevo o cambio de estafeta dentro del equipo del gabinete estatal sería solo en caso de que alguno de sus colaboradores levante la mano para buscar una candidatura a un puesto de elección popular local o federal en la elección de 2027. Será el próximo año cuando se destapen los servidores públicos que aspiran a ser representantes populares.
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Se dice... que Susana Ángeles, Asael Hernández, Yolanda Tellería y más

Se dice… que Susana Ángeles, Asael Hernández, Yolanda Tellería y más

Se dice… que un contexto en el que el transporte público ha estado en el ojo del huracán por el comportamiento de los operadores de combis, taxistas y hasta del Tuzobús, la secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Lizbeth Robles, pensó en resolverles a los concesionarios antes que a la población que usa el servicio, pues ya dijo que antes de que acabe el año se llevará a cabo un aumento al pasaje, lo cual calificó de necesario. Eso sí, lo que no ve necesario es la reparación de unidades alimentadoras y troncales del Tuzobús o una adecuada reglamentación a transportistas que parecen andar sin sus documentos oficiales por donde quieren.
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Se dice… que uno de los funcionarios más renuentes a dar declaraciones es Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, quien suele buscar a la prensa solo para destacar su imagen; sin embargo, en un panorama donde supuestamente se anuncian inversiones y polos de Bienestar, llamó la atención que recientemente compartiera fotos con reporteros en sus redes sociales justo el día que se negó a dar declaraciones, lo que generó críticas por la incongruencia.
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Se dice… que a quien le echaron la pedrada fue al titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Tello Vargas, pues el gobernador aseguró que se prevén algunos cambios en su gabinete para el siguiente año, de funcionarios que buscan alguna oportunidad política, entre los que sin duda se encuentra Tello Vargas, quien no se ha cansado de aparecer en el ojo público para que la gente lo conozca, ya sea peleando con los del PRI, haciendo dinámicas absurdas en redes sociales o cualquier otra acción que le limpie la cara y le cumpla el “caprichito” de aparecer en alguna boleta electoral. Veremos si así sucede y es de los que se fugan de su función en el Poder Ejecutivo.
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Se dice… que, este martes, se registró un hecho que causó mucha polémica, pues un hombre fue golpeado por comerciantes del centro de Pachuca, luego de supuestamente haber sido señalado por ser un amante de lo ajeno. Sin embargo, al parecer fue confundido o al menos eso dicen. Ya veremos si después de lo ocurrido hay consecuencias, pues en videos que circularon en redes sociales se observó la agresión.
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Se dice… que Carlos Henkel, Miguel Tello y Lizbeth Robles

Como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum se convirtió el lunes pasado en la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia y así marcó un hito en este acto cívico que desde Porfirio Díaz ha servido para reafirmar unidad, soberanía y legitimidad política.
Sheinbaum gritó lo tradicional: “¡Viva la Independencia!”, “¡Viva Hidalgo!”, “¡Viva Morelos!”, “¡Viva Allende!”, “¡Viva Guerrero!”. También incluyó a Josefa Ortiz, pero con una diferencia: la nombró como Josefa Ortiz Téllez-Girón, su apellido de soltera y no como de Domínguez, sin subordinación al apellido marital, rompiendo con la antigua costumbre patriarcal. Junto a ella mencionó a Leona Vicario y a dos figuras casi olvidadas: Gertrudis Bocanegra, insurgenta en Michoacán, capturada, torturada y fusilada en Pátzcuaro en 1817; y Manuela Molina la Capitana, quien tomó las armas en Tabasco. A ello sumó la invocación a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas y a las y los migrantes, y cerró con valores universales: “¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia!”.
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La carga simbólica fue doble. Por un lado, feminizó el relato de la Independencia. Hasta hace poco, las mujeres apenas eran mencionadas; salvo Ortiz y, más tarde, Vicario, el panteón cívico era masculino. La presidenta rompió con esa tradición y abrió espacio a insurgentas olvidadas y grupos marginados. Por el otro, reforzó su discurso de gobierno: dignidad, igualdad, democracia y justicia como ejes de legitimidad.
El gesto se completó con un detalle inédito: la escolta del Heroico Colegio Militar integrada solo por cadetes mujeres. Antes ya podían ingresar, pero solo en áreas como Sanidad Militar. Desde 2021 se abrió su participación plena en todas las armas y ahora portaron la bandera en la ceremonia del Grito, el acto cívico más solemne de la nación, encabezado también por una mujer. El mensaje fue claro: la patria ya no se encarna solo en los “padres fundadores”, sino también en las mujeres que lucharon y siguen luchando por ella.
Por televisión se vio a la presidenta deteniéndose frente al retrato de Josefa Ortiz, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, para recibir el saludo de ordenanza antes de tomar la bandera nacional en sus manos y salir al balcón central de Palacio Nacional. La imagen fue contundente: la primera mujer en gobernar México permaneciendo bajo la mirada de la primera mujer reconocida en la gesta de Independencia.
Comparado con sus antecesores, el cambio es notable. Porfirio Díaz institucionalizó el Grito como ceremonia rígida, centrada en héroes varones. Lázaro Cárdenas le imprimió un aire social al ligarlo a la Revolución. AMLO introdujo valores abstractos como la “fraternidad universal” y reivindicó personajes indígenas y populares como Cuauhtémoc y Flores Magón. La presidenta recogió esa línea, pero le dio un sello propio: feminista, inclusivo y con referencias a sectores contemporáneos como los migrantes.
En su primer Grito, Claudia Sheinbaum redefinió el nacionalismo mexicano en clave de género y diversidad. Ahora la historia ya no es propiedad exclusiva de héroes militares o caudillos. Antier quedó claro que México también es femenino, indígena, migrante y diverso.
X: @ruizhealy
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Con Claudia Sheinbaum, el Grito cambió de voz

Hace unos años dejaron en la puerta de mi casa una carta pastoral a unas semanas de festejarse la Navidad. Esta misiva invitaba a reflexionar sobre el acontecimiento navideño próximo a celebrarse. Además, la carta enviada desde la iglesia católica, explicaba cómo la mayoría de la gente preparaba con muchos días de anticipación escogían el menú para degustarlo en la cena: qué ropa ponerse, comprar algunos regalos para los seres queridos y cuidar todos los detalles (por mínimo que parecieran); para que ese día no se hicieran compras con filas interminables en las que generalmente terminamos exhaustos. No podía faltar el tener vino ⎯o bebida alcohólica⎯ a consumir, y una generosa dotación de entremeses para celebrar con la familia ese momento de estar reunidos.
El escrito concluía con una reflexión ineludible: estar tan ensimismados con la celebración que olvidásemos invitar al principal festejado: “El Niño Dios”. Este invitado sabe que en ese hogar están celebrando su nacimiento, pero por tanta algarabía cerraron la puerta de acceso y nadie se percata de que el principal festejado se encuentra ausente. ¡Todo el mundo se abraza y celebra; ¡sirve vino y ricos manjares, pero nadie repara en que el “Niño Dios” está afuera…! ¡Qué triste y dura descripción sobre una realidad tan contundente donde festejamos sin el invitado central!
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Algo así sentí muy ad hoc con estas fiestas patrias. Era noche. Tal vez de mañana, cuando tomé mi celular para revisar qué eventos habría con motivo de la conmemoración de “los Niños Héroes”:
⎯8:45 a.m. (…) “Niños Héroes”.
Así, presuroso, me levanté por la mañana y aseé para llegar anticipadamente al céntrico jardín “Niños Héroes”, por ser día sábado, y por la hora pude estacionarme sin ningún problema en la calle de Matamoros. En el auto esperé que llegara la hora, degustando un café en mi termo.
⎯8:40 me dirijo a la fuente para cubrir el evento. Y ⎯Oh decepción⎯, veo solo a una pareja de enamorados, y nadie del gremio de periodistas ni a autoridades… llevo mi mano al celular y abro nuevamente para leer la agenda:
⎯“178° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC / Fecha: sábado 13 de septiembre / Hora: 8:45 horas / Lugar: Hemiciclo a los Niños Héroes, 18° Zona Militar, Pachuca, Hgo”.
¡Vaya torpeza la mía, en vez de venir al centro debí haber ido a la Zona Militar en la colonia Venta Prieta!
¡Fúrico, comprendí que había perdido el tiempo, di vuelta al monumento y, ⎯Oh sorpresa.! El monumento estaba ⎯o está⎯ totalmente grafitado… ¡Qué vergüenza y coraje sentí!
¿Cómo es posible que la autoridad correspondiente haya permanecido indiferente ante la celebración de un aniversario tan importante? ¿Por qué el abandono de un monumento tan icónico de la gesta de la Independencia? En igual manera se encuentra el monumento de los “Insurgentes”, me dije.
Está mal hacer comparaciones, pero en otras épocas los monumentos lucían limpios y, como en ambos monumentos hay fuentes, otrora, estas lucían a todo su esplendor.
¿Era mucho pedir que estos monumentos estuvieran limpios de grafitis y sus fuentes funcionando, y ponerles luminarias tricolores para que las gotas lucieran la tricromía nacional como un calidoscopio gigantesco?
Y no me vengan con el cuento de que la “Ley es la Ley”, por aquello de las normas de “Bellas Artes” o del INBA; vandalismo siempre ha existido… pero la autoridad correspondiente se las ingeniaba para que en el mes patrio los monumentos y sus fuentes lucieran a todo su esplendor.
No cabe duda de que, al igual que muchos celebran una Navidad sin el “Niño Dios”, en esta ocasión, aquí en Pachuca, también celebramos a la Independencia sin recibir a los Héroes…
Dice Rachy: en el marco de la celebración de la Independencia de México y del 178° Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec como ciudadano me hubiese gustado saber que contrataban a un grupo musical como “Los Pregoneritos de Hidalgo” y así el presupuesto hubiese alcanzado con creces para dejar los monumentos restaurados…
¡Nuestras autoridades se enfocaron en lo urgente, pero no lo importante!
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Una Navidad sin el Niño Dios

El pasado sábado se anunció la detención del vicealmirante de Marina Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con más de una decena de funcionarios y empresarios formaba parte de una red de contrabando de combustibles, o para decirlo coloquialmente: del huachicol. Varias cosas llaman la atención.
Lo primero es que, tras 10 meses de diversos decomisos, éste parece, el primer operativo en el que el decomiso va acompañado de detenciones importantes, se trata sin duda de una novedad que hay que celebrar: no sólo se ubica la mercancía ilegal, sino que también se describe al menos una parte de la red que hacía posible la operación.
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Por otro lado, también es de celebrar que por la vía de los hechos se le esté dando la espalda al negacionismo que caracterizó a la administración anterior: en aquellos días en México no se producía fentanilo, la corrupción se había terminado y el huachicol se había extinguido. Hoy vemos cómo cotidianamente se desmontan laboratorios de fentanilo, asistimos a decomisos espectaculares de huachicol y constatamos que la corrupción sigue tan campante. Sin duda es un avance separarse del negacionismo.
Ahora bien, la magnitud del operativo y la jerarquía de los detenidos anticipan que estamos ante una impredecible caja de pandora. La magnitud del negocio que recién se empieza a describir supone la existencia de una red de complicidades mucho más vasta de lo que hoy se anuncia. Habrá que ver cómo se desarrollan las averiguaciones, pero el volumen del negocio es ya demasiado grande como para que pase desapercibido, incluso para las finanzas públicas. Sin duda que encima del vicealmirante hay muchos personajes que difícilmente son ajenos al huachicol.
Pero tal vez una de las cosas que más llama la atención del operativo es que le pega en la línea de flotación al viejo discurso de que las transferencias de funciones y atribuciones al Ejército y la Marina obedecía a que se trataba de instituciones incorruptibles. Ya vimos que no. Y por supuesto que no se trata de toda la institución, pero si apuntala el hecho de que una institución, en este caso la Marina, por sí misma no garantiza ausencia de corrupción, que su combate efectivo requiere de pesos y contrapesos, mecanismos cotidianos de rendición de cuentas, en fin, de una institucionalidad que justamente hoy está en vías de extinción.
El golpe no es menor, la militarización rampante ha exhibido un rostro preocupante. No será fácil desmontarlo. Por último, ya vimos que el fentanilo existe, el huachicol es un jugoso negocio y la corrupción no ha desaparecido. Ojalá ahora sí se reconozcan los problemas.
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