¿Aplazar la elección judicial?

En recientes ediciones de este Espacio Abierto hemos abordado ampliamente lo que ha representado la decisión de llevar a las urnas la elección de quienes deben integrar el sistema judicial mexicano. Ríos de palabras se han escrito a favor y en contra; sin embargo, hoy está estipulado en la Constitución y es un derecho disponible para la ciudadanía.

Dicho esto, recordemos que en 2025 se realizó el primer ejercicio de elección judicial; a nivel federal, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y a nivel local, por los institutos electorales de las entidades que decidieron iniciar con este modelo ese mismo año. Otros estados, como Hidalgo, acertadamente decidieron llevar al 2027 la renovación total de los cargos judiciales locales.

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Así, conforme a lo establecido en los artículos transitorios de la reforma constitucional de septiembre de 2024, el primer domingo de junio de 2027 deberá llevarse a cabo la elección judicial de aquellos cargos federales y locales que no hayan sido electos en 2025.

El asunto es que, a diferencia de 2025, cuando no hubo elección federal, para 2027 se elegirán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, además de diversos cargos locales (gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales) en los estados de la República.

Es decir, para 2027 habrá concurrencia entre elecciones de cargos ejecutivos y legislativos, con cargos judiciales. De inicio, esto podría parecer positivo, al concentrar todo en una misma jornada; sin embargo, su efecto puede ser contrario, ya que la Constitución prohíbe que los partidos políticos participen en la elección judicial, lo cual obliga a las autoridades electorales a instalar casillas distintas para este tipo de elección.

Esto supone desafíos técnicos y presupuestales que se están evaluando entre el INE y el Congreso de la Unión, con la posibilidad de aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, para que no concurra con las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos. Esto solucionaría la concurrencia federal, pero no la de cuatro entidades, entre ellas Hidalgo, donde en 2028 tendremos elección local para renovar la gubernatura.

Se espera que en las siguientes semanas se defina esta coyuntura. Mientras tanto, desde las autoridades electorales continuamos preparándonos para cumplir con lo que, hoy por hoy, nos mandata la ley.