Hace un par de días saludé a mi amigo Luis, quien se dedica a la construcción de casas y me preguntó si él debía interesarse en conocer sobre el tema de lavado de dinero que tanto ha salido en los medios de comunicación en los últimos años, de manera categórica le respondí “¡Sí!”, de hecho existe en nuestro país la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, como se le conoce comúnmente, aplicable en diferentes sectores económicos, llamados actividades vulnerables en esta ley,  por lo cual los empresarios hidalguenses y de todo el país deberán estar alerta sobre su aplicación, ya que es de manera general y obligatoria. Recordemos que un principio general del derecho es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, así que hay que estar atentos para evitar multas.

Importante antecedente

En el año 2012 nace esta ley derivada de que México pertenece a organismos internacionales y debe dar cumplimiento a compromisos como la prevención de lavado de dinero, misma que ya se ha implementado en nuestro país desde hace más de una década, tomando mayor relevancia en este sexenio la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El objeto principal es proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de dinero, por lo que es importante señalar que la aplicación de la misma se divide en dos: actividades financieras y actividades vulnerables.

En esta ocasión abordaremos esta segunda donde toma relevancia el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera); esta última identificando 16 actividades económicas en donde puede existir el riesgo en nuestro país, aun sin que las personas tengan la intención de lavar dinero, por eso la importancia de que en Hidalgo los empresarios como Luis se asesoren de manera adecuada con profesionales en la materia.

Algunas actividades vulnerables son las siguientes: la construcción o desarrollos inmobiliarios, notarios y corredores públicos, comercialización de vehículos nuevos y usados, asociaciones civiles sin fines de lucro como son fundaciones, partidos políticos locales o nacionales, sindicatos, entre otros. El reto para el gobierno federal en hacer cumplir esta ley es grande y más aún para quienes desarrollan las actividades económicas que tendrán que cumplir con la ley, como lo es, contar con un manual de prevención de lavado de dinero, atender requerimientos electrónicos, visitas de verificación, entre otras cuestiones, que estarán realizando las autoridades ya mencionadas de manera intensificada, imponiendo multas cuantiosas por el incumplimiento a la ley.

La importancia de ser asesorados por expertos en esta materia no solo es por la imposición de multas, sino por el extremo resultado en el que incluso los puede llevar a una quiebra económica y cierre de empresas y por consiguiente a la pérdida de empleos.