El político y el espejo roto: Hidalgo frente a su propia ruina

Existe una pregunta que la clase política mexicana jamás se formula, porque formularla sería el inicio de su disolución como casta: ¿qué ve, en verdad, el político cuando busca el poder? No la respuesta ceremonial —”sirvo al pueblo”, “trabajo por México”—, sino la respuesta desnuda, la que ocurre en el segundo anterior del discurso, cuando el rostro todavía no ha encontrado su máscara. Lo que ve, casi invariablemente, es un reflejo. Se ve a sí mismo.

En Hidalgo, esa pregunta ha adquirido una dimensión trágica. El estado enfrenta uno de los episodios más profundos de degradación ambiental de su historia reciente: ríos contaminados, rellenos sanitarios desbordados, cuencas saqueadas por la minería y la industria textil, aire que en los valles industriales del corredor Tula-Tepeji registra índices que avergonzarían a cualquiera. Y, sin embargo, los candidatos de 2027 ya calientan motores. Ya sueñan lonas. Ya ensayan sonrisas.

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La tragedia ambiental no es, para el político profesional, un problema a resolver. Es un escenario donde aparecer.

Un fondo dramático ante el cual pronunciar promesas que nadie, en el fondo, espera que se cumplan —incluido quien las formula—. Hay una perversión filosófica en este mecanismo: el desastre se convierte en recurso electoral. La pobreza, en capital político. El sufrimiento, en argumento de campaña.

¿Pero quién es, entonces, ese “pueblo” al que invocan sin cesar? La palabra “pueblo” en la boca del político mexicano es quizás el concepto más elásticamente deformado del vocabulario público contemporáneo. 

Sirve para todo: para legitimar decisiones autoritarias, para emocionar multitudes, para construir enemigos. “El pueblo” es siempre el que está de acuerdo. El que disiente, misteriosamente, deja de pertenecer a él.

En Hidalgo, el pueblo real —ese que respira el aire de Tula, que bebe el agua del Valle del Mezquital, que vive cerca de los jales mineros de Pachuca— no tiene partido. O más exactamente: todos los partidos dicen representarlo y ninguno lo hace. 

Ocho años de gobierno han producido el mismo resultado: más concesiones mineras, menos agua, más basura, menos bosque. La improvisación no distingue entre izquierda y derecha cuando se trata de administrar el territorio como si fuera un botín.

Viene el año 2027 con su avalancha de elecciones locales, y con él, la activación de todos los mecanismos conocidos: la distribución de despensas, la amenaza velada de que los programas sociales corren peligro si gana “el otro”, el clientelismo perfeccionado durante décadas hasta convertirse en sistema. 

Una ley electoral que, en la práctica, reduce la representación popular a una transacción económica. No es hipérbole: es la descripción técnica de lo que ocurre cuando el voto se compra con un costal de cemento o con la promesa de no retirar una beca.

La pobreza sigue siendo el mejor elector en el juego perverso del progreso prometido y el bienestar simulado.

Se dice que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos años. El dato merece ser celebrado y, al mismo tiempo, interrogado con rigor. ¿Cuántos de esos 13 millones viven en estados donde el aire es irrespirable, donde el río local es una cloaca, donde el bachillerato más cercano está a hora y media de camino? 

Salir de la pobreza medida en ingresos no es lo mismo que habitar una vida digna. La estadística puede mejorar mientras la realidad se pudre.

¿Por qué siempre los mismos? La pregunta es simple: brutalmente sencilla. Los mismos, porque el sistema está diseñado para reproducirlos. Los mismos, porque la alternativa requeriría ciudadanos con tiempo, recursos y protección para participar, y la mayoría de los hidalguenses —como la mayoría de los mexicanos pobres— no tiene ninguna de las tres cosas. 

El voto popular existe, sí, pero opera dentro de un ecosistema cuidadosamente gestionado: medios dependientes del gasto gubernamental, organizaciones sociales atadas a la obra pública, líderes comunitarios que son, en el mejor caso, intermediarios y, en el peor, caciques renovados con camiseta de partido.

Congresos locales que aprueban lo que el Ejecutivo pide. Poderes judiciales que fallan según la correlación de fuerzas. Un Congreso de la Unión donde la disciplina de partido sustituye al debate. No es cinismo describirlo así: es la morfología real del Estado mexicano en 2026, independientemente del color de las siglas que lo administren en cada momento.

Y en medio de todo ello, el desastre ambiental avanza con la paciencia de lo inevitable. Los ríos no esperan el siguiente sexenio para seguir contaminándose. Los ecosistemas no conceden prórrogas electorales. 

El cambio climático —que en Hidalgo se expresa en sequías más largas, en lluvias más violentas, en el colapso de acuíferos sobreexplotados— no lee los programas de gobierno. Opera con su propia lógica, indiferente a la demagogia.

Ocho años bastan para destruir lo que generaciones construyeron. Y en esos años, lo que se ha demostrado no es que tal o cual partido sea incompetente, sino que la lógica de corto plazo —ganar la siguiente elección, contentar al siguiente financiador, sobrevivir al siguiente escándalo— es estructuralmente incapaz de responder a crisis que se miden en décadas.

¿Qué es, entonces, en verdad, el político? En su versión más honesta, es alguien que ha aprendido a navegar una complejidad que la mayoría prefiere ignorar. En su versión más frecuente, es alguien que ha confundido la navegación con el destino: que ha tomado el oficio de gestionar el poder como un fin en sí mismo, divorciado de cualquier propósito que lo trascienda.

Lo que Hidalgo necesita —y lo que México necesita— no son mejores actores para el mismo teatro. Debe cambiar el libreto, las reglas de producción, el tipo de historia que se está contando. Le hacen falta políticos que sean capaces de mirar el territorio y ver un ecosistema frágil antes de ver un circuito electoral. Que escuchen a los ciudadanos y reconozcan necesidades reales antes de reconocer votos potenciales.

Mientras eso no ocurra, el espejo seguirá roto. Y el político seguirá mirándose en sus fragmentos, confundiéndose con el paisaje que, en realidad, está destruyendo.