El Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, un partido satélite, arrinconado siempre a recibir las migajas de gobiernos en turno, reconocidos como mercenarios e irrelevantes, hoy ha recurrido a una medida arriesgada para hacerse de votos y volverse competitivos en algunos municipios del estado.

Sus pobres resultados en las elecciones, incluyendo en la de gobernador en 2022, los obligaron a mantenerse relegados, sin ser tomados con seriedad en la conformación del gobierno actual y menos en las decisiones políticas.

Su dirigente, Javier Calixto, acostumbrado a rodearse de personajes de dudosa reputación, amenazó desde un comienzo con no coaligarse con Morena, pues, según sus cálculos, en los municipios de Hidalgo, en varios de ellos, existen posibilidades que sus candidatos ganen los comicios, principalmente en la elección de presidentes municipales.

En el Valle del Mezquital, recordemos, el dirigente petista fue cercano al diputado local Edgar Hernández, de Ixmiquilpan, a quien veía como una de sus cartas fuertes en los comicios municipales y locales. Sus objetivos se vieron truncados, pues el diputado enfrenta un proceso judicial por sus vínculos con delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Para el municipio de Tasquillo, el PT eligió como candidato al regidor Marcos González Trejo, quien también estuvo en prisión por un delito de violencia de género. Él fue grabado mientras agredía físicamente a su expareja en el interior de una oficina de la propia presidencia.

Aunque está libre, no significa que sea inocente, pues obtuvo su libertad gracias a la debilidad del sistema judicial y porque obtuvo el perdón legal de la víctima, quien, se sabe, fue sobornada para aceptar el retirar los cargos y, de esta forma, no solo retornó a su vida normal, sino que recuperó sus derechos políticos, victimizándose en todo momento por lo que, supuso, fue una tragedia en su vida.

El caso más polémico es el de Ixmiquilpan, cuyo candidato es el expresidente municipal Cipriano Charrez Pedraza, quien estuvo preso por dos diferentes delitos: el caso del accidente de 2018, en el que un joven murió, al cual no le prestó ayuda, y el de tentativa de homicidio en contra de su hermano Pascual Charrez, quien era en ese momento el alcalde en turno.

Entonces, el PT de Hidalgo ha recurrido a la retórica sobre la persecución política de la que están siendo objeto sus candidatos dados sus antecedentes penales e investigaciones judiciales en curso.

Sin embargo, vale la pena recordarle al PT de Hidalgo que sus candidatos no son perseguidos ni presos políticos: son políticos presos, por cuyas historias, antecedentes y sospechas probadas deberían estar impedidos para participar en la vida pública e imposibilitados para concursar por cargos públicos, por el riesgo que estos representan.