Emergencia, gasto y confianza
Las lluvias no solo desbordan ríos: también ponen a prueba la solidez institucional con la que se ejerce el gasto público
Las lluvias no solo desbordan ríos: también ponen a prueba la solidez institucional con la que se ejerce el gasto público.
Hoy, Hidalgo enfrenta un escenario conocido. Las precipitaciones recientes han dejado afectaciones en al menos 14 municipios, con daños en puentes y decenas de tramos carreteros, particularmente en la Sierra y la Huasteca. Municipios como Tianguistengo, que aún no superan los efectos de la vaguada monzónica de 2025, vuelven a registrar inundaciones y derrumbes que presionan la capacidad de respuesta local.
Ante este panorama, los ayuntamientos actúan —y deben hacerlo— con rapidez: renta de maquinaria, rehabilitación de caminos, apoyos a damnificados. Pero la urgencia también abre un ciclo delicado: el del gasto de emergencia, históricamente propenso a desviaciones, opacidad o errores que terminan afectando a quienes menos tienen.
México ya lo ha vivido. Los esquemas de atención a desastres acumularon observaciones por pagos indebidos, falta de comprobación y contratos fuera de norma. La lección es clara: cuando la emergencia sustituye a la planeación, el riesgo se multiplica.
El caso de Tula sigue siendo una referencia obligada. La tragedia de 2021 no solo evidenció la vulnerabilidad hídrica, sino también fallas en la prevención y en la respuesta institucional. Años después, muchas familias continúan en proceso de recuperación, recordándonos que el daño no termina cuando baja el agua.
Por eso, el llamado no es a la desconfianza, sino a la prevención.
En este contexto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo tiene un papel claro, definido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado: revisar el ejercicio de los recursos públicos, verificar el cumplimiento de la norma, evaluar resultados y, en su caso, determinar responsabilidades. Pero su alcance no se agota en la revisión posterior.
Sin interferir en la toma de decisiones ni sustituir a las autoridades ejecutoras, la auditoría puede acompañar institucionalmente a los municipios mediante criterios técnicos, orientación y capacitación. No autoriza el gasto, pero sí puede contribuir a que se ejerza correctamente; no decide, pero sí puede anticipar riesgos. Esa función, ya prevista en su papel de fortalecimiento de la gestión pública, es clave en contextos de emergencia.
Conviene recordar un principio básico: todo recurso público —estatal o municipal— será fiscalizado. Lo que hoy se ejerce en medio de la urgencia, mañana deberá ser explicado con claridad.
De ahí la importancia de actuar con orden incluso en la emergencia.
La urgencia no justifica la improvisación. Al contrario, exige mayor rigor. Porque cada peso destinado a la reconstrucción debe traducirse en soluciones reales y no en nuevas deudas sociales.
Abrir la puerta a la asesoría técnica, transparentar decisiones y sujetarse a criterios mínimos no debilita a los gobiernos municipales: los protege.
Y, sobre todo, protege a las comunidades que hoy esperan algo más que respuestas inmediatas: esperan certezas.
La rendición de cuentas no es opción: es deber público.
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