Fortalezcamos la investigación contra la violencia política de género
La lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género no puede quedarse solo en eventos llenos de buenas intenciones, necesita procedimientos con facultades claras y colaboración institucional
En materia electoral, investigar hechos que pueden constituir una infracción es una condición mínima para que los derechos políticos de la ciudadanía puedan defenderse con seriedad. Cada procedimiento sancionador que conoce una autoridad electoral implica revisar hechos, solicitar información y construir una ruta jurídica que permita determinar si hubo o no una violación a la norma. No se trata de perseguir actores políticos ni de intervenir en la contienda, sino de cuidar que la ley se haga valer.
A unos meses de que inicie el Proceso Electoral Local 2026-2027, este tema cobra mayor relevancia. La substanciación de los procedimientos sancionadores electorales por parte del árbitro es una tarea técnica-jurídica y no política. Por eso, cuando una autoridad electoral solicita información o colaboración a terceros, dentro de una investigación, está cumpliendo con una obligación legal para garantizar principios como la legalidad, la equidad en la contienda y el acceso a la justicia electoral.
El problema es que, en ocasiones, esas solicitudes de colaboración se enfrentan a respuestas insuficientes, evasivas o directamente negativas, con el argumento de que la autoridad administrativa electoral no cuenta con facultades plenas para requerir determinada información o apoyo. En los hechos, esa falta de claridad debilita investigaciones importantes y puede dejar sin eficacia la protección de derechos político-electorales.
Esto es especialmente delicado en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque ahí, la rapidez y eficacia de las investigaciones no son un asunto menor. Puede tratarse de requerimientos de información, medidas de protección o medidas cautelares que necesitan el acompañamiento de distintas autoridades para cumplirse. Si ese auxilio no llega o llega tarde la justicia deja de ser eficaz.
Por eso, en estos tiempos hay una oportunidad de abrir una discusión legislativa seria, entre los partidos políticos, las autoridades del estado y las instituciones electorales para fortalecer el marco jurídico vigente, dotando al órgano electoral de las facultades de investigación suficientes para cumplir con su responsabilidad. No se trata de invadir competencias ni de concentrar poder alguno, se trata de cerrar vacíos que hoy pueden impedir que las investigaciones avancen con la oportunidad que requieren.
La lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género no puede quedarse solo en eventos llenos de buenas intenciones, necesita procedimientos con facultades claras y colaboración institucional, para que la política sea un espacio más seguro para las mujeres y para todas las personas que participan en la vida pública.
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