El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele Ortez asumió la presidencia de El Salvador después de obtener en las elecciones la mayoría absoluta con el 53.10 por ciento de los votos.

Se convirtió en el primer presidente desde los Acuerdos de Paz de 1992 —que pusieron fin a 10 años de guerra civil— que no era de ninguno de los dos partidos que habían gobernado —Arena, de la derecha, y el FMLN, de la izquierda—.

Veinte días después de asumir el cargo lanza el Plan Control Territorial con el propósito de reducir los altos niveles de criminalidad producto de la acción de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y Mara Mao Mao.

El plan contempló cuadricular las zonas de vivienda en todas las ciudades y pueblos del país, tanto a nivel rural como urbano. Fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, en estos espacios, empezaron a arrestar a sospechosos de ser integrantes de las pandillas y meterlos a la cárcel.

Como resultado de la estrategia la tasa de asesinatos dolosos se redujo de 52 por cada 100 mil habitantes en 2018, la más alta del mundo en ese momento, a 36 en 2019. En 2020 fue de 19.7; en 2021, de 17.6, y en 2022, de 7.8.

En marzo de 2022 hubo un repunte de los asesinatos y Bukele, ya con la mayoría absoluta de su partido en la Asamblea Legislativa, solicita que esta decrete el régimen de Estado de Excepción con base en el artículo 20 de la Constitución. Ya se ha prorrogado en más de 15 ocasiones.

Con esa medida, el trabajo de arrestos de cuadra por cuadra se incrementa y radicaliza. Entre los sospechosos tomados presos hay quien pertenece a las maras, pero otros que no están involucrados y de todos modos son encarcelados.

Estos ya en prisión deben demostrar su inocencia, lo que en la mayoría de los casos lleva un proceso de seis meses para después ser liberados. Es evidente que se violan los derechos humanos de estas personas, pero la gran mayoría de la población lo asume como un costo que hay que pagar.

El 31 de enero de 2023, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio Tecoluca, San Vicente, con una capacidad para 40 mil reclusos. Diversas encuestas señalan que entre el 85 por ciento y el 90 por ciento de la población aplaude las acciones del gobierno en materia de seguridad.

La tasa oficial de homicidios dolosos de 2023 todavía no se conoce, pero se espera con seguridad que sea menor a la de 2022. A la par de la baja de los asesinatos ha disminuido drásticamente, prácticamente ha desaparecido, la extorsión en todo el país y las familias pueden volver a salir por las noches a la calle en sus comunidades.

En mayo de 2023 estuve en San Salvador y me reuní con políticos de la oposición, que todavía están en el país, con académicos, periodistas, líderes sociales y religiosos. Todos coinciden en dos cosas: la disminución de los asesinatos y de la extorsión son reales, los números no están maquillados, y que la implementación de la estrategia del gobierno viola los derechos humanos, pero ante los resultados esto no preocupa a la sociedad.

Y están también de acuerdo en señalar que en la elección del próximo 4 de febrero Bukele va a arrasar, producto, precisamente, del éxito en la implementación de su estrategia de seguridad. Como me lo ha dicho un consultor mexicano que trabaja en El Salvador, lo que ahora existe es un gobierno bien aprobado y un pueblo contento con su desempeño. No existe la oposición.