Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que la tortura se ha terminado en México con la llegada de su gobierno, esta sigue estando presente y en un número mayor o igual que el gobierno anterior.

En 2022 se abrieron 6 mil 226 carpetas de investigación por ese delito, 11 por ciento más que en 2021, cuando hubo 5 mil 594, de acuerdo con el informe Hallazgos 2022, del Observatorio contra la Tortura, integrado por las organizaciones Documenta, el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y Fundar.

La mayor apertura de carpetas ocurrió en 2019 con 7 mil 500, en el primer año del actual gobierno, la más grande cantidad de los últimos años. Las carpetas cayeron en 2020 a 3 mil 35, pero repuntaron los siguientes dos años.

En 2022 solo fueron judicializadas 82 averiguaciones, lo que representa solo el 1.3 por ciento. En la vía de los hechos la impunidad para quien tortura ocurre en prácticamente el 100 por ciento de los casos.

De acuerdo con el Observatorio contra la Tortura, la legislación en la materia es muy avanzada en el papel, pero no en su implementación, donde existen muchas deficiencias y obstáculos para perseguir los delitos.

En 2022, el 80 por ciento de las víctimas de tortura no tuvieron acceso a las certificaciones de acuerdo con el Protocolo de Estambul, que la ley considera para probar el caso de tortura.

La entidad con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por casos de tortura es el gobierno federal, con mil 405, de acuerdo con el Observatorio contra la Tortura. Le siguen el Estado de México, con mil 312; Ciudad de México, con 858; Veracruz, con 398; Baja California, con 354, y Puebla, con 289; ahora, todas entidades gobernadas por Morena.

Las autoridades más señaladas como responsables de las torturas son las fiscalías estatales y las secretarías de Seguridad Pública de los estados.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce lo avanzado de la legislación mexicana, pero al mismo tiempo señala que su aplicación deja qué desear y que el país recibió siete recomendaciones en la materia en el último informe del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, de manera particular con relación a la impunidad que es prácticamente del 100 por ciento.

Y, como ya lo han hecho otros organismos internacionales, señala también el incumplimiento del actual gobierno con la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y considera que esto “dificulta la articulación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la tortura”.

Los estudiosos del tema plantean que el número de las carpetas de investigación no registran todos los casos de tortura y que su número es claramente mayor. En materia de tortura, México no es el país que imagina el presidente.