Cuando Mariana cursaba el quinto grado de primaria, en el grupo “A”, de la escuela Ricardo Flores Magón, denunció que el docente a cargo la sentó en sus piernas y tocó por encima de la ropa sus genitales hasta masturbarla.

La de Mariana, cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad, es una de las 35 quejas archivadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por posible acoso, abuso y otros delitos de índole sexual en planteles educativos, entre enero 2013 y mayo de 2017; sin embargo, este caso (expediente TA-0285-08), que data del sexenio del exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, sólo es el segundo por el cual el ente autónomo ha emitido una recomendación a la Secretaría de Educación Pública de la entidad para que garantice la protección de la niñez ante crímenes sexuales en las aulas, de acuerdo con un informe proporcionado, a petición de Criterio, por el organismo que preside José Alfredo Sepúlveda Fayad.

Además de éstas, la CDHEH acumula tres quejas más por incidentes entre 2016 y 2017 que siguen en proceso; la última de ellas (exp. TIZ-0078-17) fue iniciada en Tizayuca por una estudiante de la secundaria general 2 Raúl Guerrero Guerrero, quien dijo que si ella y sus compañeras “no se dejan tocar por el profesor (de biología en el turno vespertino), les baja calificación”. La menor argumentó que dio aviso a la directora del plantel, quien, asegura, contestó que no quería “perjudicar” los 33 años de carrera que tiene el probable responsable.

Por ello, en el expediente de la comisión también está inmersa la responsable de esa escuela en este posible hecho violatorio de derechos humanos.

Del periodo que compete la administración de Sayonara Vargas Rodríguez, titular de la SEPH, sigue en curso la indagatoria por la queja H-0020-17 que presentó el padre de una alumna de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de la comunidad de Tecoluco Calpan, en Huautla, quien afirmó que su hija “sufre de acoso sexual por parte de su maestro de grupo” y, además, del director de la institución, “que le ha tocado las piernas por debajo de su vestido”.

Asimismo, la CJM-0165-16, que inició una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), misma que refirió que sufrió tocamientos del encargado de tutorías y psicología de la preparatoria 1 de Pachuca, donde realiza sus prácticas profesionales.

Los probables delitos, sin embargo, no involucran únicamente a infantes, sino también a trabajadoras del sistema educativo y padres de familia: en 2007, por ejemplo, una profesora inició el procedimiento I-2-1615-07 “por sufrir asedio con fines lascivos de su supervisor escolar”; no obstante, no hay referencia de la zona en la que ambos laboraban, en tanto que en 2010 un tutor señaló que el director de la primaria Patria y Libertad, cuya ubicación no precisa la CDHEH, lo hostigó sexualmente porque pretendía que le diera “unos masajes”.

Entre las quejas en los que menores son probables víctimas y terminaron archivadas por falta de interés, conciliación, incompetencia, o “no acreditarse” la violación a los derechos humanos, está el de una agresión sexual presuntamente por parte de una persona frente a grupo en la primaria Cristóbal Contreras, de Calnali, por el cual se inició averiguación previa (no proporcionada en el informe), así como el de cuatro niñas que afirmaron que su profesor de cuarto grado en la escuela Isaac Piña Pérez las obligó a levantarse el vestido para observar su ropa interior y videograbarlas. Ambos sucesos datan de 2004.

El primer hecho que registra derechos humanos en su base de datos digital corresponde al antepenúltimo año de gobierno del exmandatario Manuel Ángel Núñez Soto (I-1-0739-03), y evoca el caso de un director de la secundaria técnica 49 de Mineral de la Reforma que persuadió a una alumna para mantener relaciones sexuales con él.

En respuesta a la solicitud de información 00122215, la Secretaría de Educación Pública reconoció 31 casos de probable violación, abuso u otros delitos sexuales en planteles escolares entre enero de 2012 a julio de 2015, periodo de la anterior administración estatal: 12 en primaria, 11 en secundaria, cuatro en prescolar, dos en educación media superior y dos más en el nivel superior.

Sin embargo, reveló que de los 40 empleados del sistema educativo que habían sido inculpados, en perjuicio de 50 víctimas, sólo cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para que fueran sancionados.