La iniciativa fue presentada ante el Congreso del estado por diputados de Morena

De aprobarse la reforma, los operadores del transporte tendrían un plazo de hasta 18 meses para cumplir con las disposiciones | Foto: Saúl Hernández
Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una iniciativa ante el Congreso de Hidalgo para reformar las leyes de Movilidad y Transporte y de Seguridad Pública para crear un nuevo esquema de prevención y atención de la violencia dentro del transporte público.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta establece que las unidades de transporte colectivo urbano e interurbano deberán contar con sistemas de vigilancia que graben de manera continua y almacenen las imágenes durante al menos 30 días.
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Además, tendrían que incorporar botones de auxilio o pánico enlazados con los sistemas estatales de emergencia para solicitar apoyo inmediato ante cualquier situación de riesgo.
La iniciativa también contempla que los operadores del transporte público reciban capacitación obligatoria en atención a víctimas, perspectiva de género, prevención de la violencia contra mujeres, infantes y adolescentes, así como actuación en situaciones de emergencia.
También se propone la creación del Protocolo Estatal para la Prevención, Atención y Reacción Inmediata ante Hechos de Violencia en el Transporte Público, mediante el cual la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y el C5i coordinarían acciones para responder a reportes generados desde las propias unidades.
Las medidas también se aplicarían en terminales y paraderos, donde se busca instalar puntos de auxilio, señalización de rutas seguras y espacios de orientación para víctimas.
Durante los primeros tres meses del año se han iniciado 84 denuncias por robos en el transporte público de Hidalgo, y el 86 por ciento de dicho delito se habría cometido con el uso de la violencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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En total, suman 56 carpetas de investigación por el ilícito antes mencionado en el transporte público individual, es decir, en las unidades habilitadas como taxis; 51 de ellas se indaga por el uso de la violencia y cinco sin violencia.
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