La Secretaría de la Contraloría emitió una circular en la que informa que canceló del Registro de Padrón de Proveedores del Estado de Hidalgo a 12 personas físicas y morales (empresas), entre ellas a la compañía Remaco, ligada al exoficial mayor del gobierno estatal Martiniano V. O., actualmente vinculado a proceso por el delito de peculado agravado y uso indebido del servicio público.
La cancelación de las empresas implica que dependencias, entidades de la administración pública, organismos públicos autónomos y ayuntamientos deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que realicen con cargo total o parcial a recursos provenientes del Presupuesto de Egresos estatal o municipal.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Martiniano V. O. avaló el contrato para la adquisición de 34 mil 358 litros de crema quirúrgica por un monto de 18 millones 248 mil pesos a la empresa Remaco; sin embargo, a pesar de la existencia del convenio y de que el dinero fue pagado, no hay evidencia de que el producto haya sido entregado.
De igual manera, entre las empresas canceladas se encuentra Megaweb, firma contratada en 2020 por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); sin embargo, a un día de las elecciones municipales de ese año, no pudo operar dicha plataforma.
El Órgano Interno de Control del IEEH inició una investigación para determinar la responsabilidad de la compañía; no obstante, hasta el momento se desconocen los avances o resultados.
EMPRESAS SEÑALADAS
Las personas físicas y morales canceladas del Padrón de Proveedores de Hidalgo son Carla Ivón Palafox Palafox, Corporativo para el Desarrollo de Negocios VAQPA, Diseño y Desarrollo Alse, Grupo Constructor Integral Cardavi, Intraxis, Karla María Sánchez Chávez, Mapa Dyne, Megamed, Megaweb, Movimedical, Remaco y Team Xao.
La cancelación de las empresas implica que dependencias, entidades de la administración pública, organismos públicos autónomos y ayuntamientos deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que realicen con cargo total o parcial a recursos provenientes del Presupuesto de Egresos estatal o municipal
Yuvenil Torres I Pachuca
Te puede interesar: Cambian proveedores del Issste en Hidalgo, señalan
Proveedores acusaron que la nueva administración de la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) incumplió una licitación que tenían vigente hasta diciembre de este año al haberlos remplazado con unos de Morelos, situación que, acusaron, viola la Ley de Proveeduría.
“Cuando yo todavía llegué a entregar material ya había proveedores de Morelos y me confirmaron las personas de almacén que ya habían dado por terminado casi todos los contratos que estaban. Yo me gané ese contrato por medio de una licitación, en la que participé y fui la mejor opción por precios y se supone que yo tenía el contrato hasta finales de este año”, explicó una de las quejosas.
Señalaron que, tras revisar los documentos con la delegación, les señalaron que la vigencia del acuerdo era “voluntario” para la institución y obligatorio para los proveedores. Además, establecían que los precios no podían ser modificados, por lo que al lograr la situación se surtieron con miles de unidades de sus productos para evitar un aumento en el costo por la inflación o algún inconveniente que les generara pérdidas.
Sin embargo, tras el cambio unilateral, cuentan con productos no perecederos que se les complica posicionar, debido a que los pedidos eran para clínicas del estado.
Por ello, dijeron, algunos acudieron a mostrar el material que tienen almacenado, sin obtener una respuesta favorable por parte de la institución.
Los inconformes solicitaron permanecer anónimos por temor a no recibir el pago correspondiente por los productos ya entregados, pues el Issste tiene hasta un año para dar el dinero, por lo que aún esperan cobrar hasta 2 millones de pesos, sin los cuales sus negocios podrían irse a la bancarrota.
ACUSACIONES
Uno de los afectados narró que hace mes y medio fue a entregar material, pero ya iban proveedores de Morelos a hacer lo propio
Otro inconforme comentó que la Ley de Adscripcionesdel ISSSTE establece que los proveedores deben ser de la región que será surtida, con un límite de kilómetros a la redonda
Trabajadores de la dependencia les informaron que la nueva administración rescindió todos los contratos y las nuevas licitaciones fueron ganadas por proveedores de Morelos
