El gobernador Julio Menchaca Salazar (JMS) informó que se encuentran en curso “varias” demandas civiles en materia de extinción de dominio, principalmente sobre bienes inmuebles, independientemente del curso que tomen en el terreno penal.
“Están ya en curso varias demandas civiles. Independientemente de como corran los asuntos penales, se promueve una acción, que ya están en los juzgados de Hidalgo varias denuncias de extinción de dominio”, refirió.
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Fue en febrero pasado cuando la procuraduría estatal realizó la primera demanda para la extinción de dominio de bienes asegurados que fueron usados para actividades ilícitas o que han sido producto de estas.
Por otra parte, cuestionado respecto a si se procederá a congelar las cuentas bancarias en donde se depositaba el dinero producto de la extorsión de la que eran objeto choferes de Tizayuca, detalló que esta acción no corresponde al poder Ejecutivo, sino al Judicial, pero dijo esperar que así sea.
En torno a posibles amparos por parte de concesionarios de verificentros que fueron retirados al final de la pasada administración, Menchaca Salazar expresó que “tienen todo el derecho”, ya que es una figura legal a la que se puede recurrir.
No obstante, explicó que la información con la que cuenta es que uno de los amparos que había procedido fue revocado.
En otro tema, antes de saberse que hubo otra explosión de pirotecnia, primero en Chapulhuacán y después en Jaltocán, el mandatario planteó que, si bien se trata de una actividad relacionada con “tradiciones y artesanías”, desafortunadamente, se han registrado incidentes que muestran lo peligrosa que es.
Por ello, dijo, su gobierno insistirá en socializar la actividad, ya que conlleva un peligro latente.
Mencionó que el dueño del establecimiento donde se registró la explosión de Chapulhuacán está detenido. Además, consideró que el siniestro fue consecuencia de la irresponsabilidad.
Yuvenil Torres | Pachuca
Luego de obtener información de diversos rubros, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ya estudia los dos modos en los que el dinero de la denominada Estafa Siniestra pudo ser retirado, que fue en efectivo, o bien, transferido a cuentas de otros actores políticos locales.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la dependencia, tras conseguir información de la Secretaría de Finanzas estatal, se pudo deducir que los más de 500 millones de pesos que no se transparentaron se retiraron por dos vías.
La primera de ellas es mediante efectivo y la segunda fue por medio de transferencias que, incluso, se hicieron a las cuentas de los actores políticos inmiscuidos en el esquema del desvío de recursos.
Por ello, aseguró que ya solicitaron la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de acreditar la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Con ello, las autoridades podrán plantear la extensión de dominio y así demandar a los involucrados para poder recuperar el dinero obtenido de manera ilícita.
