Hay reportes de que familiares o conocidos de adultos mayores les quitan su pensión cuando estos les piden ayuda para el retiro
La diputada local María Adelaida Muñoz Jumilla presentó una iniciativa con la finalidad de tipificar el delito de explotación financiera de personas adultas mayores, el cual sería cometido por las personas que sin consentimiento, por cualquier acto retiren los recursos correspondientes a pensiones del bienestar o jubilaciones que les son depositados a los adultos mayores en sus cuentas bancarias.
La asambleísta del partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) mencionó que han tenido reporte de casos en los cuales, familiares o personas cercanas a los adultos mayores que reciben la pensión universal para el bienestar engañan a los titulares para sustraer completa o parcialmente su dinero que le es depositado, toda vez que, en ocasiones, las personas de la tercera edad piden ayuda para retirar sus recursos en los cajeros ante la falta de conocimientos para manipular el instrumento.
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Ante esto, la tipificación del delito busca imponer entre 4 a 6 años de prisión y multa de entre 150 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a través de la adición de un artículo en el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
De acuerdo con Muñoz Jumilla, a nivel federal se han abierto canales de denuncia telefónica en donde las personas mayores a través de una llamada, pueden hacer de conocimiento de las autoridades que sufrieron abuso al no obtener sus recursos destinados para su sustento, por lo que consideró necesario que esto se implemente también a nivel local.
De igual forma, dentro de las modificaciones propuestas por la diputada del distrito local con cabecera en Tepeapulco se encuentran cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de incluir el derecho a un trato digno al realizar los trámites correspondientes al acceso de un programa social, para que tengan acceso expedito al dicho derecho que en el caso de pensiones se encuentra estipulado desde el 2020 a nivel constitucional.