Un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia en la que hoy iba a ser imputado de nueva cuenta Ramón Sosamontes por un contrato presumiblemente ilegal de más de 353 millones de pesos en el caso de la llamada Estafa Maestra.
José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, difirió la diligencia porque tenía en curso un juicio que no podía interrumpir a las 11:00 horas, horario en que estaba programada la comparecencia del ex jefe de Oficina de la Sedatu y la Sedesol en la gestión de Rosario Robles.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, Sosamontes compareció vía videoconferencia a esta diligencia pero, justo 10 minutos antes de que iniciara, el juez acordó posponerla.
De momento, el impartidor de justicia no fijó una nueva fecha para la audiencia inicial y será en los próximos días cuando gire el nuevo citatorio.
En este expediente, el segundo que judicializa la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex colaborador de Robles, le imputan el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La imputación deriva del convenio para elaborar materiales de audio, video y fotografía, así como historias de los derechohabientes beneficiados por la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El documento fue suscrito el 17 de marzo de 2014 y, por su conducto, la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) una suma de 353 millones 652 mil 249 pesos.
Según la Fiscalía, la ilegalidad de este convenio radica en que RTH supuestamente no contaba con la capacidad técnica, financiera y humana para prestar los servicios contratados, tanto así que subcontrató más del 49 por ciento del convenio, tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones.
Apenas el pasado 1 de febrero, el juez de control federal Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al mismo centro de justicia, determinó no vincular a proceso al ex funcionario por suscribir en forma presuntamente indebida un convenio de la Estafa Maestra.
Dicha imputación se refería al contrato para los spots de la campaña publicitaria “Dos años cumpliendo”, de la Cruzada contra el Hambre, suscrito el 20 de enero de 2015 entre la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), por una suma de 203.7 millones de pesos.
Aquiles Villaseñor expuso que no era aplicable al imputado la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, porque ésta claramente establece que no puede sancionar a las entidades públicas descentralizadas, como lo es RTH.
Al día siguiente del fallo, la FGR, que anunció el inicio de una carpeta de investigación contra el juez por delitos contra la administración de la justicia, también le presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Abel Barajas | Agencia Reforma
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