En las cárceles de Tamau-lipas prevalecen el hacinamiento, el autogobierno derivado de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias y abusos contra internos, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación M01/2017, emitida en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dirigida al Gobierno de la entidad, indica que durante visitas realizadas por personal de la CNDH a los centros de ejecución de sanciones (Cedes) de Altamira, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria se pudo constatar que persisten inadecuadas condiciones de detención señaladas en informes previos.
En los cuatro Cedes, advierte, diversas áreas continúan en malas condiciones de mantenimiento e higiene.
En Altamira, detalló, hay celdas sin lavabo ni agua corriente en los inodoros, las regaderas no funcionan y no hay planchas para dormir. El 50 por ciento de las celdas en el área varonil del Cedes de Matamoros carece de colchonetas, lavabos, regaderas y agua corriente en el inodoro y se observaron instalaciones eléctricas improvisadas, lo que genera riesgo de incendio.
“En los Cedes de Altamira y Matamoros, los alimentos suministrados a los internos son insuficientes para satisfacer sus necesidades, mientras que en el de Ciudad Victoria son de mala calidad”, apunta la CNDH.
La recomendación consigna que en Altamira, Matamoros y Ciudad Victoria existen grupos de poder que ejercen control sobre otros reclusos y realizan actividades propias de las autoridades.
“Los internos refirieron la presencia de cobros por protección, asignación de estancia, acceso a la visita familiar, uso de estancias de visita íntima, locutorios y teléfono, participación en actividades laborales, para no cumplir una sanción disciplinaria, posesión de artículos electrónicos y el establecimiento de tiendas de abarrotes e incluso por la ocupación de ‘cabañas’”, señala.
En los cuatro Cedes, alerta, el personal de seguridad, vigilancia y custodia es insuficiente. Además, denuncia, se imponen sanciones disciplinarias de hasta 30 días en condiciones de aislamiento y sin atención de las áreas técnicas.
El Mecanismo recomendó al Gobierno de Tamaulipas evaluar el mantenimiento y equipamiento de los centros de reclusión, para que las instalaciones reúnan condiciones de habitabilidad e higiene adecuadas; garantizar que todas las personas privadas de la libertad reciban alimentos suficientes y de calidad y efectuar una adecuada distribución que atienda a la clasificación de los internos, evitando la sobrepoblación. También solicitó atender condiciones de gobernabilidad, evitando el autogobierno; evaluar las necesidades de personal de seguridad; prever recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil y atender aspectos que permitan la protección del derecho a la salud, y que las sanciones disciplinarias se impongan conforme a la ley.