La periodista Claudia Guerrero denunció persecución política por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras revelar presuntos casos de corrupción en su gobierno.
En su columna “Entre lo utópico y lo verdadero”, publicada el 19 de junio, menciona que recibió un citatorio de parte de la Fiscalía General del Estado, para presentarse a declarar por falsas imputaciones o presuntas investigaciones del 2022, sin embargo, menciona que se trata de un “plan fabricado para detener a la periodista veracruzana e impedir publicaciones por desvíos de recursos”.
Esto ocurre días después de la reaprehensión de la jueza de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez, a quien, sin pruebas, el mandatario la ha acusado de corrupción, mientras que la Fiscalía le imputa delitos contra la fe pública.
“La mañana de este pasado jueves, elementos de la FGE entregaron un citatorio por interpósita persona dirigido a la periodista Claudia Guerrero Martínez para que comparezca en calidad de investigada dentro de una Carpeta de Investigación que data del 2022. Y lógico, ante una enorme fabricación de imputaciones a políticos opositores e imaginarios enemigos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se desprende la certeza de que este citatorio violentará nuestra actividad periodística y además, se desconfía en las instituciones que imparten justicia e investigaciones ministeriales para ser usadas en intereses mezquinos, censura, intimidación y callar a periodistas críticos en Veracruz”, dice la columna publicada en el Periódico Veraz.
Menciona que el gobierno de Cuitláhuac García pretende callar a periodistas, abriéndoles carpetas de investigación y señalamientos infundados para mostrar al gremio lo que les puede pasar a todos aquellos que critiquen o publiquen “los actos de corrupción, violación a los derechos humanos y desvíos de recursos que se realizan en esta administración”.
Como parte de su trayectoria, Claudia Guerrero cuenta con cinco premios estatales y un Premio Nacional de Periodismo 2015, además de que ha expuesto irregularidades en los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García Jiménez.
En su publicación, la periodista asegura que no debe impuestos, no tiene problemas legales ni deudas sin liquidar y sus ingresos son reportados al SAT, por lo que no tiene ningún pendiente ante las autoridades. Sin embargo, asegura que sus derechos sí se están violentando pues pese a que recibió un citatorio, no se le ha informado el delito por el que se le investiga.
Pidió el apoyo de organizaciones de protección a periodistas para que estos hechos no se repitan.
“La orden es ‘chingarse a la periodista, que tanta lata ha dado’, como si la mensajera tuviese la culpa de este gobierno enfermo, podrido y sin rumbo, envuelto en escándalos de corrupción y violación a los derechos políticos y humanos de muchos presos políticos, como el lamentable caso de la jueza Angélica Sánchez”, escribió.
Organizaciones de periodistas respaldan a Claudia Guerrero
El Club de Periodistas de México emitió un pronunciamiento en favor de la periodista Claudia Guerrero Martínez y lamentó los constantes ataques, amenazas y hostigamiento que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha ejercido contra su labor y calificó como una persecución el que la vinculen con un caso policiaco.
“La sociedad veracruzana y de forma especial el gremio periodístico pedimos justicia y respeto hacia los periodistas, garantizando el derecho a la información y la libertad de expresión”, señalaron.
La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (AMECOPE) también se pronunció en favor de Claudia Guerrero y pidieron al gobierno de Veracruz ser respetuoso de la libertad de expresión.
“Es alarmante observar cómo el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Veracruz. Los profesionales de la comunicación se enfrentan cada vez más a amenazas, intimidaciones y agresiones por el simple hecho de informar y buscar la verdad”.
Veracruz y el caso de la jueza Angélica Sánchez
Un juez impuso prisión preventiva justificada por un año como medida cautelar contra la jueza Angélica Sánchez, reaprehendida el viernes pasado en Ciudad de México y trasladada a un penal en Veracruz acusada de tráfico de influencias.
La jueza y su hija se encontraban en la Ciudad de México y para buscar una audiencia con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández, pues ha denunciado ser víctima de persecución por parte del gobierno de Cuitláhuac García.
La jueza había sido detenida en Veracruz el pasado 5 de junio: primero se le acusó de delitos contra las instituciones de seguridad pública, pero después el gobernador del estado la señaló, sin pruebas, por “posible corrupción y presuntos nexos criminales”.
En la primera acusación se señala a la jueza de haber agredido verbalmente a policías e incluso haberles disparado.
De acuerdo con Carmelo Reyes Gallardo, abogado de Angélica Sánchez, su detención responde a la fabricación de un delito y una acto de represalia por liberar a Itiel Palacios, un presunto delincuente conocido como el “Compa Playa”.
Tras la primera detención, la jueza denunció haber estado incomunicada y haber sido víctima de tortura, pero al no haber elementos para justificar la prisión preventiva fue liberada, hasta el 16 de junio que la volvieron a detener.
Con información de Animal Político
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