La Ley General de Comunicación Social fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, pese a los llamados que organizaciones civiles hicieron al Presidente Enrique Peña Nieto para someterla a revisión.

Aprobada apenas el 25 de abril por el Senado, la nueva ley, que consta de 43 artículos, entrará en vigor el 1 de enero del 2019.

“Tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, indica el artículo segundo.

El Poder Judicial mantuvo presión sobre el Congreso para que emitiera la ley en materia de propaganda gubernamental que regula el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

El precepto constitucional indica que la publicidad gubernamental deberá tener tener carácter institucional e informativo, y no deberá usarse para promoción personalizada de cualquier servidor público.

La Corte dictó su sentencia el 15 de noviembre, la primera en la historia en la que el máximo tribunal ordena al Congreso expedir una ley, debido a que transcurrieron cuatro años sin que se cumpliera el mandato Constitucional de 2014, que ordenó regular el gasto del Gobierno en propaganda.

En la legislación se establecen los procedimientos para la contratación de publicidad en medios, de manera cotidiana y en circunstancias de desastres o época electoral.

Sin decir cómo, indica que se deberá respetar la libertad de expresión y fomentar el acceso del ciudadano a la información.

En referencia al 134 constitucional, establece que están prohibidos los contenidos en campañas gubernamentales que destaquen publicidad personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.

Además, explica que habrá control y vigilancia de la contratación mediante un “Sistema Público” a cargo de la Secretaría de la Función Pública, mientras que Gobernación tendrá un Padrón Nacional de Medios.

Sobre la Fiscalización, indica que la Auditoría Superior de la Federación será la encargada de “garantizar” transparencia y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos, se establece, deberán publicar en internet la información sobre los montos destinados a gastos de publicidad.

APROBACIÓN CONTROVERSIAL
Varias organizaciones civiles han afirmado que la nueva legislación no elimina la discrecionalidad ni establece criterios claros para la asignación de publicidad.

La Ley de Comunicación Social, bautizada como “Ley Chayote”, define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos y permite que continúe el gasto por encima de lo programado, advirtieron.

Incluso, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que el aval a la Ley, sin considerar recomendaciones, le quitó el País una oportunidad.

El Instituto Belisario Domínguez, por ejemplo, advirtió que la redacción de los artículos 4 y 8 de la Ley, abre la posibilidad de difundir programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público.

Además, recomendó valorar la pertinencia de que la Segob fuera la entidad administradora de la ley.

Érika Hernández
Agencia Reforma