La reforma al sistema de salud mexicano que plantea el gobierno federal implica pérdida de derechos por la restricción en las intervenciones, y el desmantelamiento de las instituciones públicas, alertaron, por separado, investigadores.

Oliva López Arellano, coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Salud Colectiva de la UAM, aseguró que hay otra ruta posible donde la seguridad social no sea un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. En la clausura de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, la especialista propuso la creación de un Sistema Universal de Salud que tenga como base los servicios médicos del IMSS, lo que requiere una reformulación del sistema de atención. Destacó los grandes contrastes que existen entre el IMSS y el Seguro Popular, para ilustrar la capacidad diferenciada de atención médica.

En el último año, dijo, el IMSS registró 10 mil 494 diagnósticos médicos, en comparación con 285 del Seguro Popular. “El contraste es impresionante. El 70 por ciento de la atención en el país la brinda el IMSS y sólo 7 por ciento el Seguro Popular”, dijo.

Por su parte, Rafael González Guzmán, investigador del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que se requiere una reforma opuesta a la actual.

Lo ideal, dijo, sería crear un sistema universal en el que todo ciudadano pueda hacer uso de todos los servicios en cualquier parte del territorio nacional. Coincidió con la investigadora en que se deben homologar las intervenciones con las del IMSS, pues actualmente las del Seguro Popular son restringidas. La homologación de servicios, destacó, debe ser hacia arriba y no hacia abajo, como presupone la reforma.

EL PROYECTO PEÑA

La siguiente gran reforma que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión buscará concretar la universalización del sistema de salud, aseguró ayer la secretaria del ramo, Mercedes Juan.

Ante integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado, la funcionaria afirmó que, por primera vez, esta reforma homologará estándares de calidad y tiempos máximos de espera, así como capacidad de respuesta.

El gobierno, abundó, busca también hacer más eficiente el sistema, cuya fragmentación actual ha fomentado un uso ineficiente de los recursos. Aunque Juan destacó que para hacer realidad este esquema se impulsará la creación del Sistema Nacional de Salud Universal, éste no se ha podido concretar, a pesar de que era uno de los objetivos al inicio de la administración. La funcionaria reconoció que “no habrá fondo único”, uno de los objetivos más ambiciosos de este proyecto que pretendía administrar los recursos del sector y generar ahorros.

En la clausura de la semana de la seguridad social, la titular de la Ssa explicó que las recientes reformas fiscales no permitieron la propuesta de generar un sólo paquete de impuestos generales que integrara a todas las instituciones de salud. Por ahora, dijo la secretaria, han puesto énfasis en la creación de un padrón único, que impacte en la eficiencia del gasto y el ahorro de los recursos.

Y es que, según Mercedes, se han identificado ocho millones de personas registradas en al menos dos instituciones de seguridad social, lo que representa una duplicidad de afiliación y de costos que derivan en graves problemas financieros. “A la duplicidad de afiliados en el sector salud se suma el hecho de que muchas personas prefieren atenderse en instituciones privadas, a pesar de estar afiliadas a un sistema de salud. Y 21 por ciento percibe que tienen una mayor calidad”, externó la funcionaria.

El excesivo gasto administrativo del sector, reconoció, es otra fuerte preocupación. México está por encima de lo recomendado por la OCDE, de 3 por ciento, y alcanza 17 por ciento.

En la reunión, la secretaria reiteró a los senadores la necesidad de reformar el artículo 4 constitucional, adicionando la creación del Sistema Nacional de Salud Universal para que el Estado destine y ejerza los recursos del sector con transparencia. Propuso fiscalización y sanciones al sector. (Adriana Alatorre).