Salinas Pliego señala acoso del gobierno mexicano
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera una persecución política en su contra por parte del gobierno mexicano, en el contexto del conflicto fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el propio empresario, sostuvo una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien entregó un expediente con pruebas que, asegura, documentan un acoso sistemático, así como acciones de tipo fiscal, judicial y administrativo emprendidas desde el Estado mexicano.
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Salinas Pliego afirmó que tanto él como las empresas que integran Grupo Salinas enfrentan una estrategia coordinada desde el gobierno federal para intimidar y desgastar a quienes, desde su perspectiva, mantienen una postura crítica frente al poder político.
En sus declaraciones públicas, el empresario sostuvo que esta situación no se trata de un conflicto personal, sino de un riesgo institucional, al considerar que se estaría utilizando el aparato del Estado para castigar opositores y limitar la libertad de expresión en México.
Asimismo, advirtió sobre lo que calificó como una crisis institucional, señalando presuntos actos de hostigamiento administrativo, criminalización de la crítica y un uso político de las instituciones encargadas de la recaudación fiscal.
¿Cuál fue la resolución a la deuda de 51 mil millones de pesos con el SAT?
El conflicto ocurre mientras las empresas de Ricardo Salinas Pliego enfrentan un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos con el SAT, correspondiente a créditos fiscales relacionados principalmente con Elektra y TV Azteca.
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El pasado 13 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por unanimidad, siete de los nueve amparos promovidos por el equipo legal del empresario, dejando firme la resolución que permite a la autoridad fiscal continuar con el procedimiento de cobro conforme al Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con información del SAT, a partir de enero de 2026 se procederá con el requerimiento formal del pago. La autoridad precisó que, conforme a la ley y a las sentencias judiciales, existe la posibilidad de solicitar esquemas de pago y ajustes en el monto, dependiendo de cada caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el caso de Salinas Pliego y el SAT es estrictamente legal, jurídico y administrativo, negando que exista una persecución política desde el gobierno federal.
En diversas declaraciones, la mandataria ha reiterado que las resoluciones judiciales deben cumplirse y que el pago de impuestos es una obligación para todos los contribuyentes, sin distinción.
El señalamiento de Ricardo Salinas Pliego ante la CIDH ocurre en un contexto de alta polarización política y ha generado debate público sobre la relación entre grandes empresarios, el Estado mexicano y el uso de las instituciones fiscales.
Mientras el empresario insiste en que su denuncia busca defender la libertad de expresión, las autoridades sostienen que el proceso responde a resoluciones judiciales firmes. El caso permanece abierto tanto en el ámbito fiscal como en el internacional, a la espera de las determinaciones que adopte la CIDH.
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