El diputado César Camacho Quiroz, líder de la bancada priísta y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recibió con agrado el anuncio de análisis del presidente Enrique Peña Nieto a la Ley 3de3.
“Si usted explora en la Constitución, nunca va a encontrar la expresión veto. Es formular observaciones. No sé cuál sea la decisión del presidente, vamos a esperarla. Lo que es cierto es que nosotros, desde el día siguiente a la aprobación de esta Ley de Responsabilidades, hicimos publicar nuestra posición sobre la posibilidad de enmendarla”, dijo el priísta.
Sin embargo, Camacho Quiroz sólo se dijo a favor de modificar el artículo 32, que exige a todos los empresarios que reciban recursos gubernamentales rendir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y no el 29, cuya redacción actual impide que sean públicas las declaraciones de los funcionarios y que fue apoyada por más de 600 mil firmas de ciudadanos en ley original.
“El artículo 29 no porque ya lo resolvimos, ya lo discutimos en la cámara, ya se dictaminó, ya se discutió y no son de los asuntos que tengamos pendientes”, expresó.
El mexiquense negó que tengan más peso los empresarios que los ciudadanos.
“No, los empresarios están siendo escuchados desde el primer momento y encontramos ajustadas algunas de sus pretenciones, porque, además, el planteamiento empresarial no fue un asunto discutido con amplitud en las cámaras, el de las organizaciones civiles sí lo fue durante meses”, indicó.
Ayer en una reunión en Los Pinos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al presidente Enrique Peña Nieto vetar algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 3 de 3, como la redacción de los artículos 29 y 32 que, acusaron, responden a una “ocurrencia de madrugada”.
En entrevista, luego de inaugurar un seminario sobre la Constitución, el coordinador de los diputados del PRI, partido que avaló la Ley 3 de 3 disminuida, concedió que podría estar mal redactada, pero sólo en el artículo 32. Dijo que se votó así para no retrasar más la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
