La mujer dijo que las autoridades de la FGR no comprendieron la situación

El tratamiento de profilaxis PEP está disponible en las clínicas de urgencias del IMSS Hidalgo en Pachuca y otros municipios.
María intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de haber sido víctima de discriminación en la Clínica Rural 21, de Huejutla, pero no logró concretarla. De acuerdo con su testimonio, las autoridades no comprendieron su situación, al igual que ocurrió en la clínica donde se dieron los hechos que la llevaron a buscar justicia.
Antes de acudir a la FGR, María asistió al hospital del IMSS-Bienestar para que su hija recibiera atención médica; sin embargo, no sucedió. Su madre, al ver la falta de respuesta y el comportamiento de las enfermeras, las encaró luego de que, relató, se burlaban de su hija. Ninguna de las mujeres sabía que este tipo de acciones pueden constituir un delito de discriminación.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Hidalgo solo se han registrado dos denuncias formales por delitos de discriminación en lo que va del año. Especialistas en derechos humanos han señalado que la mayoría de las víctimas no denuncia, ya sea por miedo, desconfianza en las instituciones o desconocimiento de que estos actos son punibles por ley.
Según el Código Penal de Hidalgo, la discriminación se define como la acción de tratar de forma desigual e injustificada a una persona o grupo por motivos como raza, sexo, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra característica, vulnerando su derecho a la igualdad y dignidad humana. Este acto puede ser sancionado con multas, trabajo comunitario o incluso prisión, según la gravedad del caso.
El delito ocurre cuando una persona o institución niega o restringe derechos sin justificación razonable, con base en condiciones personales o sociales. Entre los motivos más comunes de discriminación se encuentran el color de piel, las creencias, el género, la edad, las enfermedades o discapacidades.
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Por ello, organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las campañas informativas y la capacitación del personal de salud, así como de promover un trato digno hacia todas las personas, sin importar su condición.
El caso de María refleja la falta de sensibilidad y capacitación del personal en instituciones públicas para atender a personas que enfrentan situaciones de discriminación. También refleja el desconocimiento generalizado sobre los mecanismos legales existentes para denunciar este tipo de violaciones a los derechos humanos.
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