Para el edil de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, en el proceso de depuración de las policías locales impera la incongruencia porque existen leyes que obligan a darlos de baja por no acreditar las pruebas de control y confianza, mientras que otras protegen sus derechos laborales, lo cual le ha costado al municipio más de 25 millones de pesos.
Indicó que su administración tuvo que liquidar a 54 elementos despedidos por el anterior gobierno local; 30 demandaron por despido injustificado.
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A lo anterior sumó la veintena de policías preventivos que en lo que va de su gestión han causado baja también por no lograr aprobar los exámenes de control y confianza.
“Hemos sido muy responsables y cumplido con todo, hemos pagado, para qué dejamos el problema, no hay una sola cosa que dejemos al tiempo”, aseguró Márquez Alvarado.
Insistió en la incongruencia de las leyes porque unas protegen a los policías y otras exigen su baja. “Lo peor es que si el presidente municipal en turno no los corre, entonces es el responsable y puede enfrentar sanciones”.
María Antonieta Islas | Tulancingo
