Se manifiestan en PJEH de Tula, aseguran inocencia de pobladores imputados

Una empresa de paneles solares demandó a los pobladores por supuestas amenazas

 
Hace 12 días
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Pobladores de la comunidad de San Miguel de las Piedras se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial del Estado (PJEH), asentado en Tula para exigir un resultado favorable en la demanda que la empresa Koila interpuso contra doce habitantes de la localidad, por el delito de amenazas.

De acuerdo con la representación legal de los imputados, que hasta hoy gozan de su libertad, la próxima semana, un juez de control dictará sentencia sobre el caso, y se sabrá si los inculpados son o no vinculados a proceso.

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Con este, se cumple el segundo día de protesta frente al Poder Judicial, sin que hasta ahora, la movilización haya surtido algún efecto favorable a la causa de los imputados.

Sin un líder visible, con pancartas en mano y mediante consignas, los inconformes aseguraron que Koila lo único que busca mediante la querella, es presionar a la comunidad para que los deje continuar con la instalación de miles de paneles solares en el ejido de San Miguel de las Piedras, cosa que de ninguna manera aceptarán por los daños al ecosistema tan grandes que se causarían.

La representación legal de los residentes, en manos de, Cuauhtémoc Álvarez de la Cruz, la demanda tiene un trasfondo económico, empresarial y político, porque se maneja el supuesto perdón a las imputaciones de amenazas a cambio de la continuidad del parque fotovoltaico.

Se manifiestan en PJEH de Tula, aseguran inocencia de pobladores imputados
Se manifiestan en PJEH de Tula, aseguran inocencia de pobladores imputados

Por separado, a decir de los manifestantes,  sus vecinos son inocentes, ya que aseguran que no hay delito qué perseguir, porque ni a la empresa ni a sus empleados se les ha amenazado en ningún momento, sólo se les dijo que la obra no seguiría adelante, y se sacó su maquinaria, pero de manera pacífica.

Cabe recordar que la intención de Koila de instalar miles de paneles solares en 800 hectáreas del ejido de San Miguel viene de al menos cinco años atrás, cuando personal de la compañía se presentó en la localidad, y, según sus pobladores, mediante engaños, hizo firmar unos contratos de arrendamiento de la tierra por 30 años, los cuales, ni siquiera se han cumplido, como para que haya algo que reclamar.

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