Armonizar para avanzar: la deuda pendiente de Hidalgo en movilidad

En México, moverse no debería ser un privilegio ni un riesgo mortal. Pero en Hidalgo, hoy lo es más de lo que quisiéramos admitir.

El 17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que marcó un antes y un después al reconocer la movilidad como un derecho humano y establecer una jerarquía clara donde el peatón va primero. El problema es que ese cambio de modelo no se ha traducido con la misma fuerza en el ámbito local. 

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Según datos del Inegi, en el primer semestre del 2025 se registraron un total de 7 mil 189 atenciones médicas por accidentes viales, lo que indica un aumento del 52.5 por ciento en la incidencia de accidentes de tránsito con respecto al 2024; los números en el primer trimestre de este año nos dejan claro que la incidencia no deja de incrementar. Traducido: cada día, decenas de personas salen a la calle… y no regresan igual.

Si hablamos de consecuencias irreversibles, la cifra es todavía más delicada: se reportaron 136 muertes en hechos viales en el mismo periodo. No son estadísticas, son vidas.

En ciudades como Pachuca, la situación roza lo absurdo: siete accidentes diarios en promedio. Es decir, mientras usted lee esta columna, probablemente ya ocurrió otro percance. Y no, no es mala suerte: es diseño urbano deficiente, regulación débil y una cultura vial que el Estado no ha logrado corregir.

Los factores son conocidos: exceso de velocidad, uso del celular, alcohol, falta de infraestructura segura. Pero, si ya sabemos qué está mal, ¿por qué sigue pasando?

Hidalgo sigue operando con un marco normativo que no está alineado con la legislación general. La falta de armonización entre su marco normativo local y la legislación general no es un tecnicismo jurídico; es una omisión con consecuencias palpables. Significa calles diseñadas sin enfoque de seguridad, transporte público desarticulado y deficiente, ausencia de datos confiables, así como una falta de mecanismos de diálogo efectivo con la comunidad para la toma de decisiones y, en el peor de los casos, vidas perdidas en siniestros viales que pudieron evitarse.

Armonizar la legislación en Hidalgo no es copiar y pegar artículos; es redefinir prioridades. Significa diseñar ciudades donde equivocarse al conducir no cueste la vida, donde caminar no sea un acto de valentía y donde el transporte público sea una opción digna, no una última alternativa.

Los beneficios son claros: menos muertes y lesiones, traslados más eficientes, reducción de costos económicos y ambientales, y una ciudad más equitativa. Porque la movilidad también es justicia social: no se mueve igual una mujer, una persona con discapacidad o alguien que depende del transporte público. La ley ya lo reconoce; falta que el estado lo garantice.

Entonces, ¿qué falta? Voluntad política. Porque armonizar implica tomar decisiones incómodas: redistribuir el espacio público, regular con firmeza, asumir costos políticos y cambiar una cultura que durante décadas privilegió al automóvil sobre la vida.

Hidalgo tiene frente a sí una decisión clara: seguir parchando un sistema que ya mostró sus límites, o alinearse de una vez con una visión moderna, humana y sostenible de la movilidad.

En materia de movilidad, como en la vida, quedarse quieto también tiene consecuencias.