Vigilar el gasto mientras ocurre

La fiscalización en México ha comenzado a cambiar de tiempo. Durante décadas, se entendió en pasado: se revisaba, se observaba, se sancionaba. Hoy, la federación apuesta por el presente: se vigila, se alerta, se previene. La próxima puesta en marcha de una Unidad de Inteligencia, como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Javier Herrera Borunda, apunta justamente en esa dirección: conocer el destino del dinero público mientras se ejerce, no cuando ya presenta observaciones.

El cambio no es menor. Hablamos de un esquema capaz de cruzar información en tiempo real, identificar contratos con empresas sancionadas o detectar sobreprecios a partir de referencias de mercado. Es decir, una fiscalización que deja de ser únicamente posterior.

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Pero toda innovación federal revela, inevitablemente, su alcance en el ámbito local. Ahí donde los recursos se ejercen y donde los márgenes de discrecionalidad encuentran sus mayores espacios. La pregunta es directa: ¿qué implica este nuevo modelo para la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo?

Implica, en primer término, un cambio de método. No se trata —conviene precisarlo— de incorporar herramientas tecnológicas como quien actualiza un sistema, sino de adoptar una lógica distinta: pasar de la revisión diferida a la vigilancia permanente. La diferencia no es técnica, es conceptual. Y por eso mismo, exige decisiones institucionales de fondo.

En ese contexto, Hidalgo enfrenta una disyuntiva que conviene advertir desde ahora: acompañar este proceso o rezagarse frente a un estándar que comienza a elevarse. Porque si la federación avanza hacia esquemas de observación en tiempo real, mientras los estados continúan operando bajo esquemas de ejercicios fiscales finalizados.

La fiscalización corre el riesgo de perder coherencia y fragmentarse en ritmos que abren nuevas zonas de riesgo.

La coordinación, por tanto, deja de ser un recurso complementario para convertirse en condición operativa. Los convenios, el intercambio de información y la homologación de criterios serán el verdadero terreno donde se defina si este modelo funciona o se diluye.

Hay, además, un efecto menos visible pero igual de relevante. Cuando el ejercicio del gasto público puede ser observado en tiempo real, cambia el comportamiento de quienes lo administran. La fiscalización deja de ser un trámite posterior para convertirse en una presencia inmediata. Y en esa presencia, más que en la sanción, reside su fuerza disciplinaria.

Hidalgo tiene la oportunidad de anticiparse. De adoptar con oportunidad las herramientas, pero también los criterios que hoy impulsa la federación. No como un acto de alineación formal, sino como una apuesta por fortalecer la confianza pública desde el control oportuno de los recursos.

Porque, al final, la fiscalización no se mide por lo que corrige, sino por lo que previene. Y en ese tránsito —del pasado al presente— es donde empieza a definirse, con claridad, el verdadero valor público.

La rendición de cuentas no es opción: es deber público.