Congreso de Hidalgo se deslinda de uso de recursos por diputada local

El Congreso del Estado de Hidalgo se deslinda del uso y destino de los recursos públicos gestionados por la diputada María Guadalupe Cruz Montaño

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Hace (4) meses
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Las propuestas fueron mandadas a comisiones para su análisis, pero no hay avances

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El Congreso del Estado de Hidalgo emitió un comunicado en el que se deslinda de cualquier uso, destino o aplicación de los recursos públicos que le fueron entregados a la diputada local con licencia, María Guadalupe Cruz Montaño, quien forma parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Congreso señaló que no tiene responsabilidad sobre la gestión de estos recursos, especialmente aquellos destinados a la gestión social, durante el ejercicio de las funciones legislativas de la diputada.

En el comunicado, el Poder Legislativo de Hidalgo recalcó que los recursos públicos fueron entregados con el objetivo de atender necesidades sociales y apoyar actividades vinculadas al trabajo parlamentario, en apego a los mecanismos presupuestales establecidos. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad de la aplicación, manejo y comprobación de estos recursos recae directamente sobre cada diputada y diputado, sin que el Congreso intervenga en dicho proceso.

Asimismo, el Congreso del Estado recordó que los legisladores deben presentar la comprobación correspondiente de los recursos públicos, de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos en el “Manual de normas y lineamientos para el ejercicio del gasto de la partida 399004 desarrollo parlamentario para las y los diputados de la LXVI Legislatura y los órganos auxiliares del Congreso”.

El Congreso reafirma su compromiso con la transparencia
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Asimismo, se dio a conocer que el Congreso de Hidalgo no avaló ni respaldó ninguna acción fuera del marco legal y administrativo. Por lo que, ante cualquier posible irregularidad, se procederá conforme a los procedimientos establecidos por las instancias competentes.

De acuerdo con la información proporcionada, la Contraloría Interna del Congreso abrió una investigación para esclarecer cualquier posible irregularidad administrativa, como una posible malversación de recursos públicos o falsificación de documentos por parte de servidores.

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