La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emplazó a comprobar más de 338 millones de pesos destinados a la remodelación del hangar presidencial y el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Según resultados de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública de 2015, el órgano de control detectó que en la realización de las obras hubo contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados.
Por la ampliación del hangar presidencial, la ASF determinó que hay posibles daño al erario por 139.3 millones de pesos.
También se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para terminar los trabajos que quedaron pendientes, a pesar de que éstos no se habían entregado a la dependencia y seguían bajo resguardo de la empresa contratista.
En tanto, por la construcción inicial de la nueva terminal aérea el órgano fiscalizador calculó un posible daño al erario por 143.5 millones de pesos y, además, pidió aclarar otros 85.3 millones destinados a pagos de nómina.
“En términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, señala el dictamen de auditoría.
Detalla que los contratos de obra pública y de servicios se adjudicaron directamente a empresas con proyectos caros y mal integrados, lo que imposibilitó el cumplimiento de objetivos, además de generar un sobrecosto de 141 millones de pesos en la ejecución de trabajos y servicios.
Sobre los primeros trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, determinó que, si bien han cumplido disposiciones legales y normativas, señala la falta de comprobación de 85.3 millones de pesos en pagos de nómina.
Además, hubo dos contratos de servicios ambientales que consideraron los mismos objetivos y metas por un monto de 1.4 millones.
Por ajuste de costos se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos y detectó la incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades (2 por ciento de materiales y 5 por ciento de equipo), por un monto de 49.1 millones de pesos.
También pagaron servicios no ejecutados por un monto de 39 millones, pagos improcedente de estudios e investigaciones en los costos indirectos por un monto de 8.8 millones de pesos.
Tampoco acreditaron actividades de supervisión externa por un monto de 372 mil pesos, se determinó incorrecta la integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3.4 millones y hubo pagos en exceso por duplicidad de conceptos, como pozos, demolición y retiro de escombro, por un monto de 1.3 millones.
