Conforme concluyen las administraciones municipales, el interés por mejorar las condiciones en las barandillas decrece, pues según la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en 61 de ellas encontró buenas condiciones, número menor al reporte anterior.
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico de Barandillas del segundo semestre de 2015, ese organismo hace ver el desinterés que existe por parte de los alcaldes y Asambleas municipales por garantizar un trato digno a los detenidos por faltas administrativas.
En el primer semestre de 2015 los visitadores encontraron que 63 barandillas estaban en buenas condiciones de higiene, limpieza, pintura, mantenimiento y demás servicios de infraestructura; sin embargo, al siguiente periodo ya sólo fueron 61; de ellas, sólo nueve cuentan con lo indispensable.
Del total de áreas de retención primaria en la entidad, 46 carece de agua potable, mientras que en 38 más, las mujeres son encerradas junto a hombres o bien, las confinan en zonas administrativas sin las condiciones mínimas.
Sobre la garantía de los asegurados de contar con cámaras de vigilancia, sólo se localizan en 29 municipios, aunque los visitadores advierten que no guardan por mucho tiempo los videos, que en cierto momento permitan solventar cualquier inspección e investigación.
En cuanto al servicio médico de urgencia, sólo en 25 ayuntamientos existe personal asignado, mientras que en otras deben pagar hasta su certificación de forma independiente a la multa.
“Al momento de la visita a las barandillas, encontramos que había 20 personas retenidas en varios municipios, de los cuales sólo cuatro de ellas que se encontraban detenidas en los municipios Apan, Atotonilco de Tula, Actopan y Mineral de la Reforma, argumentaron que no les había proporcionado alimentos”, afirma el diagnóstico.
En 73 municipios, los titulares de la oficina conciliadora municipal son licenciados en Derecho; por lo que sólo en 11 municipios las personas responsables siguen sin contar con este perfil, el cual es muy importante en el momento de establecer los criterios para la calificación de las infracciones y la sanción que resulte aplicable.
Ya dentro de las recomendaciones que hizo la CDHEH, se pide que los alcaldes revisen las condiciones en que se encuentran para evitar que en adelante sean transgredidos los derechos humanos de
los detenidos.
El reporte hace ver que en todos los municipios deben existir los documentos legales que califiquen las faltas administrativas cometidas por las personas infractoras, porque no pueden ser omitidos por los encargados de la Conciliación Municipal.
Finalmente, se asienta que se debe continuar con la atención especial que se debe brindar a toda persona que al ser retenida por faltas administrativas, presente lesiones o trastornos en su salud, a quienes se le deben realizar las curaciones necesarias cuando existan hemorragias o heridas expuestas.
