A tres años de ocurrida la explosión en la empresa de pesticidas de Velsimex, en el parque industrial de Atitalaquia, no existen culpables; hasta el momento sólo fue aplicada una multa por 30 mil pesos, sin que ello pusiera en riesgo el permiso de funcionamiento.
Muy de madrugada, justo el 7 de abril de 2013, una fuerte explosión despertó con alarma a los habitantes de Atitalaquia y comunidades circunvecinas.
El alto grado tóxico de los químicos expuestos a altas temperaturas fue suficiente para que se considere como una de las seis emergencias ambientales más grandes en México, debido a sus características y consecuencias en la salud, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En su reporte Las Emergencias Ambientales en México: Consecuencias e Impactos, esta dependencia recuerda el prolongado incendio del pozo petrolero Ixtoc I en la sonda de Campeche en 1979; la explosión de Anaversa en Córdoba, Veracruz, que también fue una industria de pesticidas muy semejante a ATC en 1991; la fuga de amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca, en 2013, y la fuga de lixiviados de la industria minera en El Cobre, Sonora, que junto con Atitlaquia en 2013 son las mayores catástrofes.
Aun así, las autoridades se han encargado de negar cualquier daño ambiental, en la salud, así como el cielo, tierra y agua.
Según la Profepa, la contingencia se dio por la existencia de isocianatos, que dentro de las tablas de seguridad industrial ocupan la clasificación como de un efecto agudo; los vapores y aerosoles de estas sustancias producen irritación de ojos, nariz y garganta.
Además, a concentraciones altas se produce sensación de opresión en el pecho y puede aparecer bronquitis y fuerte broncoespasmo, pudiendo llegar a producir edema pulmonar.
Los efectos en personas no han podido quedar registrados de forma íntegra a consecuencia de que los diagnósticos son cambiados por enfermedades de otra naturaleza para evitar ser considerado como daño por los agentes químicos, según Fidel Pérez Tovar.
El activista, que meses antes entregó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una relatoría sobre este desastre químico, advirtió que hay conocimiento de muerte de personas por tumores causados por esa contaminación, “sin embargo no podemos sustentarlo por el inequívoco dictamen médico, que evade responsabilidades de esta manera”.
A la vuelta de tres años, nadie resulta culpable ni se sienten culpables, al tener como veredicto “que fue un accidente no imputable a la empresa”, aplicando una multa de 30 mil pesos.
En una rueda de prensa a las diez de la mañana, a celebrarse en la biblioteca de Atotonilco de Tula, darán a conocer hoy los resultados de sus estudios y testimonios que han recogido en este tiempo.
