Cambios en el IMSS provocan crisis de tratamiento para personas con VIH en Hidalgo

El colectivo Di Ramona alertó sobre un desabasto de antirretrovirales en Pachuca, Hidalgo, derivado de cambios mal gestionados en los esquemas de tratamiento del IMSS, situación que ha provocado la interrupción del tratamiento de personas que viven con VIH, principalmente en la Clínica No. 36 del IMSS.

De acuerdo con el posicionamiento difundido en redes sociales, el problema surge tras la incorporación del medicamento Dovato como tratamiento de primera línea a nivel nacional, en sustitución de Biktarvy, sin que existieran protocolos claros ni una transición adecuada. Esta situación ha generado retrasos en el surtimiento de recetas antirretrovirales, dejando a pacientes sin acceso continuo a su tratamiento durante semanas.

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Actualmente, alrededor de 2 mil personas que viven con VIH con derechohabiencia se ven afectadas solo en esta unidad médica, lo que representa un riesgo directo a su salud y calidad de vida.

Interrupción del tratamiento antirretroviral pone en riesgo la salud

El colectivo señaló que la continuidad del tratamiento antirretroviral no es un trámite administrativo, sino un estándar básico de atención médica. La suspensión o retraso en la entrega de medicamentos compromete la supresión viral, incrementa el riesgo de resistencias farmacológicas y puede derivar en afectaciones graves a la salud individual.

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Especialistas y activistas advierten que la falta de tratamiento no solo tiene consecuencias clínicas inmediatas, sino que también representa un retroceso en los avances logrados en la atención integral del VIH en Hidalgo.

Impacto emocional y social del desabasto de medicamentos

El posicionamiento de Di Ramona subraya que el impacto del desabasto trasciende lo clínico. La incertidumbre sobre el acceso al medicamento genera ansiedad, estrés y angustia ante la posibilidad de perder la indetectabilidad, una condición clave para la salud y la prevención de nuevas transmisiones.

Para muchas personas que viven con VIH, el tratamiento representa estabilidad y control sobre su vida cotidiana. La interrupción del suministro rompe esa seguridad y profundiza la vulnerabilidad emocional de una población que históricamente ha enfrentado estigma y discriminación.

A la problemática sanitaria se suman afectaciones económicas, como permisos laborales reiterados, riesgo de descuentos salariales y gastos imprevistos en transporte y alimentación, derivados de acudir repetidamente a las unidades médicas sin obtener los medicamentos.

El colectivo considera que estos costos son consecuencia directa de una gestión institucional deficiente, que traslada la carga del problema a las personas usuarias del sistema de salud.

Di Ramona señaló que cuando el Estado no garantiza el acceso ininterrumpido a un tratamiento vital, no se trata solo de un retraso burocrático, sino de violencia institucional y una grave vulneración al derecho a la salud.

Las personas que viven con VIH enfrentan barreras estructurales desde hace décadas, por lo que cualquier transición en los esquemas terapéuticos debe planearse con responsabilidad, transparencia y enfoque de derechos humanos.

Exigen soluciones inmediatas

El colectivo exigió:

• Garantía inmediata y continua en el suministro de antirretrovirales.

• Protocolos públicos y claros para la transición de esquemas de tratamiento.

• Comunicación directa y oportuna con las personas usuarias.

• Mecanismos efectivos de supervisión para evitar nuevos desabastos.

Finalmente, reiteraron que la atención a personas que viven con VIH no es una concesión, sino una obligación del Estado que debe cumplirse sin excusas.

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