En la plaza Independencia, de Pachuca, el Comité Cerezo México conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y realizó acciones de sensibilización sobre el tema.
Durante el acto, Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento de la organización, estimó que en el país las desapariciones forzadas ascienden a 30 mil, debido a la falta de protocolo de cuantificación por parte de autoridades.
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Señaló que Hidalgo está ubicado en el octavo lugar a nivel nacional en desapariciones generales, pues hasta 2022 se contaban 2 mil 250 personas desaparecidas, de las cuales no se sabe cuántas fueron de manera forzada, pues la Comisión Estatal de Búsqueda no realiza las acciones pertinentes de clasificación.
“No hay una metodología clara, ustedes pueden meterse al registro nacional de desaparición y no hay diferencias; si ustedes buscan a los defensores de derechos humanos desaparecidos de 2006 a la fecha, el registro marca cero; siguen sin aparecer dentro de esos números los estudiantes de Ayotzinapa”, declaró a medios de comunicación
En el caso de los activistas sociales, los estados Guerrero, Chiapas y Michoacán tienen las cifras más altas, mientras que las entidades con más desapariciones son Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, detalló.
Foto: Juan Martínez
El activista considera que tal acción “surgió como un método de control, pues es la mejor forma de generar terror en la sociedad”, la cual empezó en los años 60 y se masificó en 2006, tras el inicio de la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón.
Cerezo Contreras explicó que hay un mal registro, por lo que proponen enmendarlo con la participación de la sociedad civil y expertos internacionales en la materia, para que no se utilicen de manera política las cifras, pues los familiares tienen el derecho a exigir una Comisión Especial de Búsqueda, es decir, un grupo multidisciplinario donde estén todas las autoridades, gracias a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Galilea Monroy | Pachuca
El Comité de la ONU contra la desaparición forzada pidió este jueves a México proteger a los servidores públicos dedicados a la búsqueda de desaparecidos, tras un atentado que dejó seis muertos, entre ellos cuatro policías.
El ataque ocurrió el 11 de julio en un suburbio de la ciudad de Guadalajara (estado de Jalisco, oeste) cuando varios explosivos artesanales fueron activados al paso de un convoy de la policía y la fiscalía, que atendía un llamado anónimo para buscar los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas.
El órgano de las Naciones Unidas hizo un “llamamiento” al Estado mexicano “para que establezca medidas de protección adecuadas para las víctimas, familiares, acompañantes, así como servidores públicos para garantizar la continuidad de la búsqueda e investigación de las desapariciones”.
“El Comité expresa sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida y desea a los heridos una pronta recuperación”, declaró Carmen Rosa Villa, presidenta del comité, citada en un comunicado emitido desde Ginebra.
La agresión dejó también 14 lesionados, entre ellos un funcionario de la fiscalía, un policía y 12 civiles, incluidos tres menores.
El comité recordó además que “las búsquedas y las investigaciones son obligaciones de carácter permanente” del Estado parte y lo instó a que inicie “una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los perpetradores e imponer las sanciones adecuadas”.
Autoridades locales atribuyeron el atentado a la “delincuencia organizada”, en una región que es base del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México y con presencia en varios países.
