A partir del 1 de septiembre próximo entrarán en vigor las multas por tirar la basura fuera del día y horario establecido de recolección en Pachuca, que van desde los 5 mil hasta los 15 mil pesos.
Luego de meses en discusión, el 22 de junio pasado, el Cabildo de Pachuca aprobó modificaciones a los reglamentos de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y el de Tránsito y Vialidad.
Lo anterior, para sancionar a los ciudadanos que depositen en las calles de la capital hidalguense su basura fuera de los días y horarios establecidos para la recolección en las diferentes colonias.
Sin embargo, será hasta el 1 de septiembre cuando esas modificaciones entren en vigor, las cuales contemplan multas de 5 mil hasta 15 mil pesos para los que incurran en dicha práctica.
Así lo informó la alcaldía capitalina, que detalló que por algunos documentos se atrasó su etapa de socialización, misma que actualmente atraviesa y que terminará el mismo día del inicio de aplicación.
De acuerdo con la normativa aprobada por los regidores, la forma para denunciar a los vecinos infractores es por medio de redes sociales, con material gráfico que puede ser enviado a la página del ayuntamiento o por medio
de WhatsApp.
Asimismo, pueden ingresar un documento en la alcaldía, que también debe de contener las pruebas fotográficas.
Luis Godínez I Pachuca
Al menos 18 personas físicas y morales —entre ellos siete alcaldes, cuatro directores generales, un subsecretario, tres secretarios, además de tres accionistas— se encuentran bajo investigación, como parte del saldo que hasta el momento han dejado las indagatorias por desvíos de recursos públicos durante la pasada administración estatal, de los cuales se han recuperado 105 millones de pesos de más de 500 millones que no fueron transparentados.
El martes pasado, la Pro-curaduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó sobre la detención de Manuel H. B., alcalde de Tula de Allende, por el delito de uso ilícito de atribuciones por presuntamente otorgar contratos ilegales por más de 66 millones de pesos que debieron de utilizarse para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el desbordamiento del río de la demarcación en septiembre de 2021.